El agua de Córdoba se pagará por barrios pero solo en el tramo fijo

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha empezado a calcular cuál sería el impacto de convertir el precio actual, de carácter privado, en una tasa regulada por factores fijados con carácter político. Y el modelo que se baraja en la mesa de negociación hay que tenerlo claro: se introducirán elementos progresivos pero que incidirán de forma limitada. Es decir, pagará más un vecino de El Brillante que otro del Sector Sur pero con efectos limitados, solo en la parte fija de la tarifa oficial.

Cuando se recibe la factura de Emacsa, la cantidad final se desglosa en dos bloques: una fija que se llama cuota de servicio y otra variable que depende del consumo que leen los contadores.

La parte fija actual solamente depende del diámetro del contador, es decir, del caudal contratado. Lo que se valora es introducir dos elementos más: el callejero fiscal y el número de personas que viven en la vivienda.

El segundo elemento es el más complejo porque depende del padrón y existen problemas legales serios para combinar el documento que señala cuántos vecinos. La regla, en el caso de que fuera posible, permitiría bonificar a las viviendas donde viven más personas.

Como el IBI o la basura

Emacsa sí está haciendo los cálculos sobre qué efectos tendría en su cuenta de resultados modificar la tarifa en función del callejero fiscal, que señala siete categorías distintas en función de la renta que se le presume a las familias que viven en ellas. El sistema ya se utiliza en tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles o en tasas como la de recogida de basuras. La cuestión, ahora, es saber hasta qué punto se grava la diferencia entre vivir en una calle pudiente de otra con menos recursos.

¿Qué efecto real puede tener la medida? Depende del incremento entre los distintos órdenes del callejero. Según las cifras de la empresa, cada usuario paga por bimestre 33 euros de agua aproximadamente. El caudal mínimo que se puede contratar en Emacsa es el de 15 milímetros, que cuesta 8,3 euros cada dos meses (sin IVA). En ese supuesto, 24,7 euros de la factura final nunca cambiarían porque dependen de la cuota variable. Según las proyecciones, si cada salto de orden fiscal tiene un salto del 10%, la tarifa fija de la vivienda más pobre sería de 6,4 euros, un 22 por ciento menos de la tarifa vigente. La más cara sería de 10,27 euros