El PSOE pide a Fiscalía investigar las obras adjudicadas por el alcalde de Olula

El PSOE de Olula del Río ha puesto en manos de la Fiscalía la documentación que ha podido obtener de varios expedientes municipales para que la Justicia determine si el alcalde del municipio y candidato del PP al Senado, Antonio Martínez Pascual, habría venido actuando al margen de la ley «de manera continuada». Las sospechas del partido de la oposición se concentran en los contratos de dos obras y una cesión de instalaciones municipales que presuntamente no se habrían realizado con todas las garantías legales. Los indicios apuntan a que el regidor habría firmado, siempre según el PSOE, contratos con empresarios y vecinos afines, e incluso habría llegado a contratar la realización de obras que ya estaban terminadas, con la colaboración de la Diputación.

La primera obra bajo sospecha es el Proyecto de Eficiencia Energética de Olula del Río, valorado en 1,1 millones de euros que, «contra todo pronóstico», el alcalde decidió priorizar, «descartando la terminación del centro de salud y a pesar de que era un gasto no planificado, por lo que no tenía ninguna partida prevista en los presupuestos», según ha explicado el viceportavoz del grupo municipal Socialista, Juan Francisco Garre. En pleno el primer edil manifestó que la idea de realizar este proyecto se la dio un empresario al que se refirió como «el señor Ricardo». El equipo de gobierno decidió acometer el proyecto y varios meses más tarde le fue adjudicado a la empresa Osepsa, representada por el citado empresario.

«En esta concesión concurren varios hechos inexplicables, como que el plazo de adjudicación, según el pliego de condiciones, tenía que ser de dos meses y quince días, pero se alargó hasta los cinco meses, o que se eligiera a esta empresa, que había presentado su oferta por valor de 814.228 euros, descartando a otras que tenían propuestas más ventajosas, como Eiffage o Acisa, que hicieron ofertas por 470.293 euros o 575.558 euros, respectivamente», como ha desvelado Garre.

El segundo caso «sospechoso» es el de la construcción de la rotonda del Rosquero y el Carretillero, una actuación cofinanciada por el Ayuntamiento y la Diputación, a través de los Planes de Inversiones Municipales, dentro de un paquete de tres obras por valor de 180.000 euros que también incluía la mejora de la calle principal del Barrio de Santiago y la mejora de la pista deportiva del Barrio de Las Norias. Según la documentación oficial, la obra la habría adjudicado la Diputación el 9 de junio de este año; el contrato, el acta de replanteo y el programa de trabajo tienen fechas posteriores al 14 de julio; y la obra debía comenzar el día 16 de ese mes. Sin embargo, «todos los vecinos de Olula fuimos testigos de cómo la obra habían comenzado mucho antes, en marzo, en mayo ya estaba concluida y hasta la habían inaugurado de manera oficial el 13 de junio», ha denunciado el dirigente socialista

El tercer expediente puesto en manos de la Fiscalía es correspondiente al alquiler del merendero del Pinatar, «otorgado a una iniciativa particular sin el plan de actuación necesario por ser una zona de especiales características, y obviando los requisitos que la arquitecta municipal le había dicho al alcalde que había que cumplir», según ha explicado Garre. Ante estas deficiencias, tanto el secretario municipal como el interventor emitieron informes negativos, «una circunstancia que tampoco fue suficiente para que el alcalde rectificara».