La Junta dice que «no hay otra acción que hacer sino demoler las viviendas ilegales»

Las «razones humanitarias» alegadas por el abogado de las familias británicas afectadas por la orden de derribo de dos viviendas ilegales en Cantoria (Almería) no ha sido tenida en cuenta por la Junta de Andalucía. Según ha manifestado la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, «no hay otra acción que poder hacer» y ha remarcado que la Junta tiene que hacer «cumplir la sentencia, nos guste más o menos».

Serrano defiende que «hay que entender que son viviendas en suelo no urbanizable y por las que el promotor está condenado por hacer lo que hizo pese a que se le advirtió y sin cumplir los requisitos legales y administrativos». De este modo, la consejera andaluza ha argumentado que las casas no están habitadas y tienen problemas estructurales.

Según el abogado de las familias afectadas, los propietarios vendieron su patrimonio en Reino Unido y actualmente bien residen de alquiler o con familiares.  Serrano ha recordado que, en concreto, estas edificaciones, que datan de 2004, forman parte de «un expediente muy antiguo desde el punto de vista penal y administrativo» y ha reiterado que la responsabilidad de los poderes públicos es «acatar y respetar las sentencias firmes aunque a veces no las compartamos».