Anticorrupción pide fianza de 1,3 millones de euros para un exalcalde de Guadalcanal

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy una fianza de responsabilidad civil de 1,3 millones de euros para el exalcalde sociaslita de Guadalcanal, Carmelo Montero, que ha admitido hoy ante la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE fraudulentos que se reunió con el que fuera consejero de Empleo, José Antonio Viera,y tras ello consiguió una ayuda sociolaboral.

Por ello el fiscal ha solicitado la citada fianza por la cuantia de una de las ayudas concedidas mas el tercio legal que solicita habitualmente, lo que hace una suma de 1.3 millones de euros. Durante su declaración Montero ha admitido a la juez que recibió las ayudas tras reunirse con Viera en una cita en la que también estuvieron presentes el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, y el el gerente provincial del IFA Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

El exalcalde es uno de los siete que habían sido citados esta mañana por Alaya dentro de la nueva ronda de declaraciones que ha comenzado sobre las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla ,ha sido imputado de presuntos delitos de prevaricación y malversación y es el único que ha decidido declarar. Fuente judiciales han explicado que Carmelo Montero ha admitido la existencia de esa reunión con Viera (uno de los exconsejeros imputados por el Tribunal Supremo por ser aforado) y al que a juez imputa por haber obtenido como presidente de la cooperativa Sociedad Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal.

De hecho la juez aseguró en un reciente auto que el exalcalde obtuvo «dadas sus importantes relaciones de amistad con los responsables de la Consejería de Empleo e IFA, una subvención de un millón de euros sin efectuar siquiera la mera solicitud ante la Administración y sin presentar la documentación acreditativa del proyecto u obra".

Además la juez estimó que el alcalde influyó «para la concesión de las ayudas referidas a cada una de las empresas, pese a que debía conocer que no existían bases reguladoras para el otorgamiento de las mismas, no solo por razón de su cargo, sino porque a la cooperativa que presidía, a finales de 2003, le fue también concedida una subvención de un millón carente como las de las empresas de Refractarios del más mínimo trámite procedimental».

Por otra parte la Fiscalía ha solicitado tambié otra fianza de 600.000 euros para Luis Martínez, de  la empresa Atarazanas de Constantina mientras que uno de los imputados citados para hoy ha fallecido y otro está en la UCI. A estas peticiones se ha sumado la Junta de Andalucía que ejerce la acusación particular mientras que el PP lo deja a criterio de la juez. Alaya sigue las declaraciones con otros dos empresarios de la Sierra Norte y seguirá durante toda la semana con un intenso calendario de citaciones.