El exconcejal Llorens será juzgado en junio por prevaricación

El exconcejal de Atención Urbana de Alicante Andrés Llorens (PP) será juzgado por presunta prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de las obras de remodelación de la plaza Magallanes, que encargó antes de tramitar el expediente. Las fechas fijadas son el 7, 8 y 9 de junio próximos.

Por esta decisión, que adoptó para satisfacer las demandas vecinales, el también vicealcalde se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de tres años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa. El asunto llegó a los tribunales a raíz de una denuncia del PSOE, de la entonces portavoz del grupo municipal Carmen Sánchez Brufal, quien posteriormente lamentó públicamente que su partido le diera la espalda en este pleito y ella se viera en la tesitura de abandonar o pagar de su bolsillos los gastos generados.

Junto a Llorens se sentarán en el banquillo de los acusados de la sección décima de la Audiencia Provincial tres técnicos de la citada concejalía que intervinieron en el expediente administrativo del proyecto y el entonces responsable de la mercantil adjudicataria de las obras.

El fiscal anticorrupción de la Audiencia de Alicante, Felipe Briones, sostiene que Llorens adjudicó en 2009 de forma ilegal, en colaboración con los funcionarios encausados, el desarrollo de unas obras complementarias en la plaza de Magallanes, en el barrio de Florida, que en realidad habían sido finalizadas unos meses antes, por lo que debían ser objeto de un nuevo contrato, pero no se hizo.

En el caso del jefe de servicio de Atención Urbana en esa época, Víctor López, el fiscal reclama una pena de tres años de cárcel e inhabilitación por los mismos delitos.

Acusación del PSOE

En la causa está personada como acusación particular la propia Sánchez Brufal –retirada hace tiempo de la primera línea política–, quien solicita para Llorens una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel, once años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación y otro continuado de falsedad en documento oficial.

Esta parte pide para López cuatro años de prisión, siete y medio de inhabilitación y la misma multa, mientras que para los otros tres acusados reclama multas y penas que varían entre el año y medio y los cuatro años y medio de cárcel, además de inhabilitación.

Desde que arrancó este proceso judicial, los vecinos han defendido la inocencia del concejal Llorens, quien en todo momento justificó su decisión para acelerar las obras. La presidenta de la asociación La Voz de La Florida, Felicidad Sánchez, ha sido una de las representantes del barrio que así lo ha expresado en público y, en una ocasión, en presencia del a la sazón presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en enero de este mismo año. No obstante, estas muestras de apoyo de nada han servido en un asunto investigado por posibles irregularidades legales, no por su moralidad.