Unas 90 personas dependientes mueren al día en España sin haber recibido la ayuda a que tenían derecho, según un informe

El 2,6% de los españoles tienen reconocida su situación de dependencia, 1.213.873 personas en total. De ellas, 865.564 reciben los cuidados necesarios y están siendo atendidas por el sistema de Atención pactado hace ahora diez años dentro del pacto de Estado que firmaron todos los partidos políticos y que se tradujo en la ley 39/2006, de 14 de diciembre. El resto, 348.309 personas, están en lista de espera, denuncia el Observatorio de la Dependencia, un órgano científico e independiente que ayer dio a conocer su XVIIdictamen sobre la aplicación de la norma.

Y de aquellos que esperan, mueren sin percibir ayuda económica acorde a su situación 90 personas al día, unas 150.000 en los últimos cinco años. Por eso, el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, asegura que a ninguno de los ocho ministros de diferentes ideologías que han pasado por el departamento en diez años de ley le gustaría conversar con él «un cuarto de hora» y que le recordase «que un enfermo de alzhéimer, o una persona con discapacidad, o problemas de movilidad está falleciendo por su inacción», dice, tajante, a ABC.

El perfil de la persona dependiente en España es una mujer mayor de 80 años. De hecho, el 54% de los dependientes que tiene reconocida su situación y reciben ayuda pública tienen más de esa edad, matiza el presidente del Observatorio.

Mientras, 350.000 personas están en «el limbo», denuncia. Son un 29% de las personas dependientes para quienes la espera se traduce en que no reciben ayuda económica de Gobierno, pese a que el Ejecutivo central está obligado por ley a abonar el 50% del gasto público que acarrea el Sistema de Atención a laDependencia. En la actualidad, subraya el dictamen del Observatorio, «la media que paga el Estado es el 18%, mientras las comunidades autónomas aportane el otro 82%».

Diferencias abismales

Y eso, teniendo en cuenta el grado de «implicación» tan diferente que existe entre las autonomías, entraña «diferencias insalvables» dependiendo del territorio donde viva la persona dependiente. Por ejemplo, la administración canaria invierte 300,10 euros por habitante; frente a los 906,51 de la cántabra. Más del triple.

Por comunidades, el Observatorio reparte ocho aprobados y nueve suspensos en función de la lista de espera que posean y de que atiendan como prioridad a este colectivo vulnerable.Solo dos autonomías, Castilla y León y La Rioja, logran un notable, 8,93 y 7,86 respectivamente. En la primera, un imperceptible 0,61% de los dependientes reconocidos aguardan su prestación.

En el lado negativo, cierran la tabla Canarias, con un 1,79, y Aragón, con 2,5. En ambas, cuatro de cada diez personas con un grado de dependencia acreditado no está recibiendo apoyo de mayor o menor intensidad para desarollar las actividades básicas de su vida diaria, lamenta el Observatorio.

Apesar de que el listado regional lo encabezan dos comunidades gobernadas por el PP, Ramírez acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de haber aplicado un severo «tijeretazo» a las partidas del sistema de dependencia. En concreto, habla de un «recorte acumulado» de 3.734 millones de euros en el periodo 2012-2016.

Como problemática paralela va ligada la del copago que debe asumir cada persona dependiente. Ramírez asegura que «el coste directo de las prestaciones ascendió, en 2016, a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones aportaron 5.670,8 millones, por lo que los usuarios aportan el resto como copago regulado, un 20%».