Las riadas se llevan por delante en España una media de 800 millones de euros al año

Las inundaciones provocadas por la combinación de lluvias torrenciales y desbordamientos de ríos y barrancos se llevan por delante en España, cada año, una media de 800 millones de euros. Así lo indican los expertos que han elaborado para el Ministerio de Medio Ambiente el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Cuenca del Ebro. El documento, recientemente aprobado por el Gobierno, queda contextualizado con datos nacionales sobre los daños provocados por pluviometría extrema —ya sea por exceso (inundaciones) o por defecto (sequías)—.

A partir de los datos recopilados en el Instituto Geológico y Minero de España y en el Consorcio de Compensación de Seguros, estos expertos aportan esa cifra media de pérdidas solo por inundaciones: 800 millones de euros anuales.

Y advierten, por cierto, que el problema va a más. Así lo avalan los estudios realizados por la UE sobre consecuencias de cambio climático en Europa. Las estadísticas compiladas por las autoridades comunitarias analizan la situación desde el año 1980 y concluyen, con datos contrastados, que el número de fenómenos meteorológicos de consecuencias catastróficas mantiene una tendencia claramente creciente desde aquel año.

Menos precipitaciones

Las proyecciones a futuro no son más halagüeñas. Y España ocupa un lugar destacado en ese escenario. Paradójicamente, el problema va a más a la par que cada año que pasa llueve menos. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), del Ministerio de Fomento, ha elaborado una proyección sobre la evolución de las precipitaciones en España a futuro. Calcula que se reducirán un 5% de aquí al año 2040, un 9% entre los años 2041 y 2070, y que lloverá un 17% menos que ahora en el periódico comprendido entre 2071 y el año 2100.

Pese a esa pluviometría global a la baja, los expertos pronostican un aumento del riesgo de inundaciones por una combinación de factores. De un lado, pese a que llueve menos, se observa que se dan más casos de fenómenos extremos que desencadenan inundaciones. De otro lado, hay más zonas vulnerables ante esos riesgos, no solo por esas tendencias climáticas sino también por la propia gestión de los cauces, la ocupación de suelos próximos a ellos o en zonas inundables. Y, también —apuntan otras voces— porque hay ríos, como el Ebro, que experimentan episodios recurrentes de grandes avenidas y que llevan años sin dragarse por la sobreprotección medioambiental con la que están regulados desde hace años y, a menudo, también por los enredos burocráticos entre administraciones que tienen repartidas competencias medioambientales y de cauces.

En cualquier caso, a este respecto no hay unanimidad de opiniones. Por ejemplo, hay organizaciones conservacionistas e incluso colectivos de geólogos que insisten en que la solución no está en los dragados sino en devolver a ríos como el Ebro espacios que la mano del hombre les fue arrebatando con el paso del tiempo. En los pueblos ribereños que sufren de lleno las inundaciones cada vez más frecuentes se quejan, sin embargo, de que no se mantiene suficientemente limpio el cauce del río, que no se draga lo suficiente, y que desde que ocurre eso las inundaciones son más frecuentes.

Lo que las estadísticas dejan claro es que cada vez hay más inundaciones y que en el Ebro, el mayor río de España que se desborda con más frecuencia, las riadas son cada vez más habituales y cada vez hace falta menos agua para desencadenar un desastre económico. Baste un dato: en la inundación del 5 de febrero de 1952, una de las más dañinas que se recuerdan, el Ebro necesitó llevar 3.260 metros cúbicos por segundo para alcanzar una altura de 5,42 metros a su paso por Zaragoza; el año pasado, durante las graves inundaciones de marzo, el Ebro alcanzó los 5,81 metros de altura a su paso por la capital aragonesa con un 26% menos de caudal, con 2.400 metros cúbicos por segundo.

Estudios a futuro

El problema de las inundaciones y el temor a que vaya a más ha llevado al Gobierno a encargar a expertos que analicen en detalle las perspectivas de futuro. Uno de esos trabajos, ya terminado, ha sido el relativo a las proyecciones de pluviometría estimada a medio y largo plazo. Otro, en elaboración, se centra en profundizar en esos cálculos y en evaluar los impactos del cambio climático en la red fluvial del país.

De lo que no hay duda es de que la combinación de factores —evolución climática y condiciones de los cauces y de sus terrenos anexos— hace que los daños por inundaciones vayan a más en España desde hace años. Entre 2009 y 2013, el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizó con más de 200 millones de euros al año a damnificados por riadas. Y los daños que cubre el Consorcio son solo una parte —y con frecuencia no mayoritaria— de todos los que dejan estos fenómenos. En infraestructuras públicas, las pérdidas son también multimillonarias. En agricultura y ganadería son igualmente de órdago. Solo en Aragón, se calcula que en los doce últimos años las inundaciones en la cuenca del Ebro se han llevado por delante más de 250 millones de euros por todos los daños provocados; a una media de 20 millones por año.

El caso de Aragón

El Ebro es un claro ejemplo de que éste es un problema creciente. Cada vez son más frecuentes los episodios de inundaciones que dejan facturas multimillonarias. Desde el año 2003, este gran río ha protagonizado dañinas riadas en seis ocasiones, en una región que padece de forma alterna las pérdidas por riadas y por sequías. Las peores inundaciones protagonizadas por el Ebro fueron las de 2003, 2007 y 2015, pero también hubo desbordamientos en 2008, 2009 y 2013.

Lo ocurrido el año pasado es revelador de cómo está avanzando este problema: en tres meses hubo cuatro riadas consecutivas que inundaron campos y pusieron en jaque a pueblos ribereños.

La agricultura sufre de lleno las consecuencias, y no solo por las riadas. En España, a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales se les suman las pérdidas causadas por los períodos de sequía prolongada. En 2012, por ejemplo, las indemnizaciones abonadas al sector agropecuario nacional por la sequía ascendieron a 210 millones de euros.