Pulso por las cuentas del clima

Cansados de que las soluciones al cambio climático se muevan más rápido fuera -léase el anuncio de Bill Gates y de otros 27 donantes privados para acelerar la transición energética- que dentro de los plenarios de esta decisiva Cumbre del Clima, los países en desarrollo y emergentes agrupados en el llamado G-77, más China, se han plantado y piden «concreción y claridad» en la forma en que los países con mayores ingresos van a colaborar para que las naciones más desfavorecidas puedan sumarse a esa transformación hacia la descarbonización. En una declaración dirigida al presidente de la Cumbre, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, estos países recuerdan que los países desarrollados tienen la responsabilidad de «proporcionar financiación nueva, adicional, previsible y sostenible».

Desde que en Copenhague en 2009 los países se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para mitigación (reducción de emisiones) y adaptación (prepararse para los impactos), aún no se ha acordado quiénes contribuyen a ese fondo ni quiénes se beneficiarán ni tampoco cómo diferenciar esas inversiones de la Ayuda Oficial al Desarrollo, «porque si quitamos de un sitio para poner en otro no hacemos nada», explica Mariano González, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

Hay voces que creen que ya hay países emergentes, como China –primer emisor mundial en términos absolutos–, con índices de desarrollo y rentas per cápita más altas que algunos de los llamados países ricos, que, por tanto, deben también contribuir a ese fondo, pero se enfrentan a los que creen que solo las naciones desarrolladas deben hacer frente a este coste pues sus emisiones históricas son las que han provocado el problema. Un dato: el 10% más rico de la población mundial es responsable de cerca del 50% de las emisiones de carbono.

Desde los países desarrollados, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, aunque reconocen que «no todos los países tienen las mismas responsabilidades ni las mismas capacidades», como dice el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, se ha ido asentando la idea de que «hemos roto la dicotomía entre países desarrollados y en desarrollo». Pero las exigencias del G-77 y China no hacen sino poner de manifiesto que la brecha Norte-Sur sigue abierta.

La brecha Norte-Sur

Tanto es así que en su carta al presidente de la Cumbre hablan de «narración simplista» para los que dicen que el progreso económico de algunos de los miembros del G-77 (entre los que están emergentes como India, Brasil o Sudáfrica) debe llevar a ampliar el número de donantes y a reducir la lista de los que recibirían apoyo a solo los más pobres entre los pobres.

Antes de viajar a París, Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, mostró su preocupación por «la falta de confianza de los países en vías en desarrollo en el mecanismo de solidaridad internacional» para hacer la transición a un modelo bajo en carbono. Y ese escollo se ha materializado.

Si los países desarrollados, unos más que otros, llevan años siendo reticentes a cambiar su modelo de desarrollo aduciendo que son necesarias grandes inversiones, los países en desarrollo no tienen otra forma de sumarse a la lucha contra el cambio climático que con esa financiación pública y privada que les llegue desde las naciones ricas. Según Alex Doukas, de la organización Oil Change International, «el G-20 gasta 452.000 millones de dólares cada año en subsidios a los combustibles fósiles y solo destina 121.000 millones de dólares a renovables». En este sentido, el primer día de la Cumbre, 40 jefes de Estado y de Gobierno –entre los que se cuentan Alemania, EE.UU., Francia o México– firmaron una declaración en la que se comprometen a ir eliminando los subsidios a las energías sucias.

La financiación climática permitiría a países como India escalar rápidamente sus compromisos y moverse más rápidamente hacia las energías renovables. Por ejemplo, la India se ha comprometido a instalar 300-350GW de energías renovables para el año 2030, pero podría ser capaz de hacerlo en el año 2025 o 2020 si se le proporciona financiación. Como resultado, su necesidad de seguir consumiendo carbón descendería. En este sentido, la Alianza Solar Internacional sellada estos días en París pretende que los países ricos transfieran conocimiento tecnológico y financiación en energía solar al mundo. «Queremos llevar energía solar a nuestras casas y vidas, haciéndola más barata y accesible y conducir así a millones de personas hacia la prosperidad», dijo Narendra Modi, primer ministro indio.

Por su parte, el continente africano quiere electrificarse y quiere hacerlo de forma limpia. La Iniciativa de Energía Renovable de África, liderada por los países africanos, persigue alcanzar 10 gigavatios de nuevas energías renovables en 2020 y movilizar el potencial de generar 300 gigavatios en 2030, equivalente al doble del suministro de energía actual, explica Raquel Monzón, de WWF España. El potencial de la energía solar como energía dispersa es altísimo, dice Mariano González, de Greenpeace: «No hace falta llenar el Sahara de placas solares». Pequeñas instalaciones en las viviendas y minipresas hidráulicas pueden suministrar energía limpia y segura a 640 millones de africanos que no tienen acceso a la misma.

En Sudamérica y también en el sudeste asiático el cambio a energías renovables iría sobre todo en beneficio de los bosques, que en la Amazonía brasileña o Indonesia, por ejemplo, son talados para hacer frente a las necesidades energéticas, liberando CO2.