El Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los cambios en la Ley empezarán a negociarse este mes

Los primeros pasos para la constitución de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados que estudie los cambios que se van a realizar en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género se darán este mismo mes de enero, posiblemente en la primera quincena.

La creación de este foro fue uno de los puntos de la Proposición no de Ley que aprobaron todos los grupos políticos de la Cámara Baja en la sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016. En este texto, consesuado por el Partido Popular y el PSOE, se acordó alcanzar un Pacto de Estado para luchar contra esta lacra social.

Dos meses después de que esta iniciativa viera la luz, en los próximos días, según ha podido saber ABC de fuentes parlamentarias, está prevista la celebración de una reunión informal con los portavoces parlamentarios de todas las formaciones políticas.

El objetivo es diseñar el método de trabajo de esta Subcomisión: propuestas de comparecencias, número de sesiones a celebrar, entre otras cuestiones.

En la iniciativa parlamentaria aprobada se afirma que esta Subcomisión «deberá elaborar en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y que contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin».

Modificación textos legales

Igualmente, en el texto aprobado se prevé también «que dicho informe, una vez aprobado, se remita al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia, asociaciones sindicales y empresariales y asociaciones civiles».

El Pleno de la Cámara acordó también «que las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes sean remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación».