Dos exalcaldes de Puerto Serrano se sientan en el banquillo el 17 de julio

Dos de los tres alcaldes de IU que tuvo Puerto Serrano en menos de doce meses durante el último tramo de la pasada legislatura se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 17 de julio.

Pedro Ruiz y su sucesor, Francisco Javier Gómez, están acusados de favorecer a la mujer del primero mediante contratos públicos menores que por su condición de cónyuge del que entonces era primer edil del Consistorio, le estaban vetados por ley.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para los dos penas de cárcel y de inhabilitación. Para Pedro Ruiz, el fiscal pide dos años y medio de cárcel y doce de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. A Francisco Javier Gómez le cuantifica en tiempo su responsabilidad penal en cinco meses de cárcel como cooperador necesario en un delito de gestión interesada y nueve años de inhabilitación por prevaricación.

La base de este caso, uno de los frentes judiciales que cercaron la última etapa de gobierno de IU, fue una serie de facturas municipales que el PSOE puso a disposición de la Fiscalía de Cádiz para que investigara si había indicios de delito.

Esas facturas por importe de poco más de 25.000 euros son en concepto de encargos florales, artículos de papelería o regalos para la Cabalgata de los Reyes Magos, la feria o la celebración del Día de la Mujer Trabajadora. Unos productos que el Consistorio adquirió a la tienda de la mujer del entonces alcalde, Pedro Ruiz.

Los contratos bajo sospecha y que han llevado al banquillo de los acusados a dos de los tres últimos regidores de la localidad polichera fueron firmados entre 2007 y 2012, periodo en el que se centró la investigación de Anticorrupción.

El fiscal recuerda en su escrito de acusación que la ley de contratos prohibe a las administraciones contratar con empresas de cargos públicos; una limitación que también alcanza a sus parejas para evitar que exista un lucro privado de estos representantes a través de las arcas públicas.

Ese impedimento fue puesto de relieve en varios informes de reparo de los interventores, los cuales advirtieron tanto a Pedro Ruiz como a su sucesor que esos encargos a favor de la empresa de la esposa del alcalde eran contrarios a la ley.

Las advertencias de los funcionarios cayeron en saco roto porque los encargos se aprobaban y con ellos las órdenes de pago.

El fiscal acusa a los dos políticos de anular esos informes de reparo y aprobar vía decreto los contratos a favor de la empresa de la mujer de Pedro Ruiz. Las cuantías de los encargos no obligaba al Consistorio a convocar un concurso público; lo que facilitaba que las adjudicaciones fueran a dedo y siempre al mismo comercio.

Fuentes de la investigación señalan que la esposa de Pedro Ruiz llegó a convertirse en una proveedora del Consistorio.

Un gasto prioritario

La queja de los interventores no se circunscribía a la ilegalidad de esos contratos. También advertían en sus informes que se estaba vulnerando la orden de prelación de acreedores. Los acusados, en calidad de máximos responsables del Consistorio, daban prioridad al pago de estos contratos por delante de otras facturas que llevaban más tiempo sin ser abonadas.

Este detalle que el escrito de acusación de la Fiscalía pone de relieve no es baladí porque el Consistorio se encuentra en una situación financiera crítica. Así, los trabajadores municipales acumulan siete nóminas sin cobrar.

Ruiz ya fue condenado

El próximo 17 de julio no será la primera vez para Pedro Ruiz, quien ya fue condenado por prevaricación en 2013. Una sentencia que le apartó de la vida política tras dos décadas de gobierno con mayorías en una localidad que se convirtió en uno de los fortines de IU en la provincia gaditana.

Ruiz fue inhabilitado por la concesión de una licencia urbanística y dejó definitivamente el cargo al confirmarse la sentencia. Mientras llegaba ese momento, delegó las funciones en su primer teniente y mano derecha, quien acabaría sustituyéndole.

Gómez no llegó a cumplir un año en su mandato. En abril de 2014 presentaba la dimisión escudándose en causas personales. Culpaba al PSOE de haber judicializado la vida política y de haberle provocado mucho daño, sometiéndole a una presión insoportable.

No quiso reconocer lo que poco después revelaría en exclusiva LA VOZ, que los problemas judiciales de su antecesor le habían salpicado también y que la Fiscalía Anticorrupción le acusaba en dos asuntos judiciales. En esencia, el Ministerio Público le responsabilizaba de haber mantenido la línea de trabajo, incurriendo en las mismas ilegalidades que su antecesor.