Fernando Sicre

La educación, motor del crecimiento Fernando Sicre

Para el Círculo de Economía, la «educación» constituye por segundo año consecutivo, la primera prioridad a corto y medio plazo de la política económica del país

Fernando Sicre - Actualizado: Guardado en:

Para el Círculo de Economía, la «educación» constituye por segundo año consecutivo, la primera prioridad a corto y medio plazo de la política económica del país. En su informe anual, aparecen datos a considerar: 22% de los jóvenes españoles abandonan el sistema escolar, siendo la media europea del 11%; un 22% de los españoles poseen un título de Formación Profesional, frente a un 61 % de Alemania; el desempleo juvenil en España se sitúa en el 47%. Continúa diciendo que nuestro sistema educativo se ha mostrado ineficiente para frenar el abandono escolar temprano y suministrar las habilidades que comienzan a demandar las empresas incursas en una economía más globalizada y digitalizada.

Entre tanto aquí seguimos peleándonos. No somos capaces de establecer con un mínimo de rigor las bases de un pacto educativo, que posibilite contar con una Ley de educación para los próximos lustros, que nos permitía converger con Europa también en materia educativa. No somos conscientes de la importancia de ello. El crecimiento económico está mediatizado por la productividad del factor trabajo, que es determinante del índice de bienestar de una sociedad. Es decir, una sociedad con altas tasas de educación es más productiva, lo que nos llevará a un mayor crecimiento económico y por ende a índices más alto de bienestar social.

PP, PSOE y C’s coinciden en la necesidad de reformar el sistema educativo mediante un pacto de Estado. La suspensión de las reválidas dispuestas en la LOMCE. Es el primer paso para iniciar un camino que debiera terminar con un pacto por la educación, que promoverán en esta legislatura PP y C’s y al que espero se sume el PSOE. Las posturas de partida de cada grupo son diferentes. Mientras el PSOE exige triplicar en cuatro años los fondos destinados a la educación, C’s exige un plan de choque para minorar el abandono escolar y el PP quiere mejorar las evaluaciones externas de los profesores e introducir una nueva regulación para la selección y formación del profesorado.

Sin embargo, la cuestión se encuentra enquistada desde época inmemorial por cuestiones ideológicas. La equidad contra la excelencia. Lo público contra lo privado. La laicidad contra la religiosidad. La exigencia contra la laxitud. La reválida contra la evaluación contínua. Las pretensiones estatales de vertebrar el sistema, contra las de las autonomías que no admiten injerencias. La izquierda entiende que la evaluación docente, se presenta como una estrategia de corte macroeconómico, entendiendo este como eufemismo del neoliberalismo, que rompe con los postulados del Estado de bienestar. La cultura de la evaluación forma parte de la lógica neoliberal de ahorro, eficacia de los sujetos y eficiencia de éstos para con los instrumentos de trabajo. La cultura de la evaluación, siguen diciendo, favorece sólo a la clase empresarial por generar en los sujetos la ideología de la competencia y la individualización a favor de la productividad en el empleo. Lo que es lógico y necesario por otra parte, que es lo que en buena parte defienden los liberales, que exigen una enseñanza de calidad, sobre la base de un sistema universitario que debe quedar reservado para una cierta élite intelectual, que no económica.

Desde época inmemorial he escuchado la frase «lo que no se evalúa se devalúa», utilizada en la última legislatura por el Ministro de educación Gabilondo, cuando intentó un pacto por la educación. De ahí la importancia de contar con mecanismos de evaluación, no solo para el profesorado en todos los ámbitos y durante toda la vida, sino también al alumnado, a través del mecanismo de las revalidadas. Mientras la derecha exige calidad al sistema educativo, la izquierda demanda equidad. El problema es cuando esta exigencia deviene en igualitarismo, que es lo que constato cuando escucho a los de la Junta de Andalucía.

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