La corrupción ya toca a Puigdemont

La operación puesta en marcha ayer por la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Gerona, del que Carles Puigdemont fue alcalde entre 2011 y 2016, revela una vez más cómo la causa nacionalista ha convertido múltiples organismos en un auténtico lodazal de corrupción. En este caso, se trata de una investigación judicial instada por la CUP en la que trata de averiguarse el destino de al menos cinco millones de euros desviados de la corporación municipal a través de la empresa pública Agissa, encargada de la gestión del agua en esa capital. De momento hay siete cargos de Agissa y de varias empresas formalmente imputados por prevaricación y malversación, pero lo más novedoso es que este caso ya cerca a Puigdemont como antiguo primer edil. Aunque la instrucción se encuentra en una fase incipiente y Puigdemont no aparece como investigado, son muchos los indicios que apuntan tanto a un enriquecimiento ilícito de personas que debían estar bajo el control del ayuntamiento , como a una vinculación con la «trama del 3%» y la posible financiación ilegal de partidos. Puigdemont y todo su entorno alegarán que esta operación responde a una persecución del "aparato represor" del Estado por liderar la consulta independentista del 1-O, y se presentará una vez más como víctima y mártir. Pero nada más lejos de la realidad. Son sus ahora socios de la CUP –los mismos que expulsaron a Mas de las instituciones y los que condicionan cualquier acción de la Generalitat–, quienes pretenden poner al Ayuntamiento de Gerona, y por extensión a Puigdemont, en la picota. Si Puigdemont tiene motivos de queja, no debería volcar su indignación con la Fiscalía o la Justicia, sino con la CUP , con quienes se fotografía orgulloso votando resoluciones ilegales, desobedeciendo a los Tribunales, o generando un odio visceral hacia el resto de España.

No puede ser una casualidad que cada vez que se abre una instrucción judicial por corrupción en Cataluña, sean casi siempre dirigentes y miembros de la antigua Convergència los investigados. Se trata de un partido que aunque haya cambiado de siglas, mantiene embargadas algunas de sus sedes por orden judicial. La financiación ilegal de CiU, quedó acreditada ya en el caso Palau, y el enriquecimiento de algunos de sus antiguos líderes, entre ellos la familia Pujol en pleno , eran indiciarias de que los tentáculos de las tramas corruptas no tenían fin. En este caso, resulta ilusorio pensar que Puigdemont, en su etapa como alcalde, desconociese unas irregularidades extendidas de manera sistemática desde 1988 hasta su propio mandato. Se trata de sociedades de titularidad municipal cuya gestión motivaba pérdidas y endeudamientos permanentes mientras sus responsables obtenían cada vez más lucro aparente. Por acción o por omisión, Puigdemont, por aforado que sea, deberá dar explicaciones.