Editorial ABC

Hacienda «interviene» la Generalitat

La dinámica impuesta por el separatismo obliga al Gobierno a plantearse escenarios de intervención de competencias autonómicas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo - EFE
ABC - Actualizado: Guardado en: Opinión

El Gobierno de la Generalidad ha lanzado un órdago y el Estado va a responder. El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, comunicó ayer por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no iba a remitir la información semanal que le requirió el Gobierno central en julio pasado para evitar la financiación del referéndum del 1-O. Hoy, en respuesta a este nuevo incumplimiento nacionalista, el Consejo de Ministros aprobará medidas adicionales de control del gasto público de la Generalitat. Sean cuales sean estas medidas, la finalidad de las mismas tiene que ser una clara penalización al Gobierno catalán por su deslealtad continua con el Estado. El discurso del Ejecutivo central, por boca de su presidente, ha sido siempre el de la proporcionalidad y la moderación en las reacciones. Ha llegado el momento de que la respuesta del Estado no puede seguir siendo estrictamente equivalente a la agresión sufrida y ya tiene que anticiparse a futuros acontecimientos. Si para lograrlo es necesario ir más allá de lo proporcional, el Gobierno está plenamente legitimado por la paciencia demostrada en estos últimos años. Rajoy y sus ministros no pueden sentirse hipotecados por un criterio, muy encomiable, de moderación y prudencia que ha sido desbordado ampliamente por la mala fe de los separatistas catalanes. Además de las decisiones judiciales tomadas hasta el momento contra los dirigentes secesionistas, la dinámica impuesta por el separatismo obliga al Gobierno a plantearse escenarios de intervención directa de competencias autonómicas. Ya no se trata de exigir a la Generalitat que no destine dinero al referéndum, sino de que el Gobierno central se haga cargo de las cuentas de la Generalitat y, para empezar, las audite a fondo y saque a la luz el uso que se ha hecho de ellas. No es razonable que jueces, fiscales y policías tengan que ir constantemente detrás de los nacionalistas para ver dónde esconden las urnas, las papeletas, las páginas web o el dinero con el que pagan todo esto. Un Estado serio no debe aceptar esta situación.

La Generalitat estaba suficientemente avisada de que su obligación era informar semanalmente al Gobierno. La desfachatez de Junqueras, otrora presentado como el interlocutor «moderado» con el nacionalismo, no puede quedar impune. Las consecuencias deben ser contundentes y explícitas. Lo que está en juego no es la autoridad de Montoro, ni la del Gobierno de Rajoy, sino la del Estado en un momento crítico para la unidad constitucional de España. Con la insumisión al control financiero y con el comienzo de la campaña electoral por el 1-O, el nacionalismo ha cruzado la enésima línea roja camino de una confrontación definitiva que, por mucho que el Gobierno central no la desee, será inevitable y el Estado no tendrá más opción que ganarla absolutamente.

Toda la actualidad en portada

comentarios