El asilo municipal cerrará en julio para ahorrar 500.000 euros al año

El Puerto perderá un importante equipamiento para la asistencia de ancianos. La residencia municipal, en la que actualmente residen trece personas mayores, cerrará sus puertas en julio por la incapacidad económica del Ayuntamiento para mantenerlo. De hecho ha sido incluido en el plan de ajuste al que el Gobierno central obliga para acogerse al Real Decreto de pago a proveedores. La supresión de la residencia, también conocida como piso asistido, supondrá un ahorro anual de unos 500.000 euros.

La concejala de Bienestar Social, Mariola Tocino, confirmó lo que los partidos de la oposición pusieron sobre la mesa durante el Pleno de la pasada semana que aprobó el plan de ajuste: El Puerto se quedará sin residencia de ancianos. La edil popular argumentó que ante la crisis económica, la administración municipal se ve obligada a recortar gastos y deshacerse de competencias que les son impropias. En este sentido, reprochó a la Junta de Andalucía que no aceptara la oferta de suelo que el Ayuntamiento le hizo para la construcción de un geriátrico concertado hace varios años, cuando en El Puerto solo funcionaba el asilo de las Hermanitas de los Pobres, en Las Banderas. Así las cosas, el gobierno local decidió abrir el piso asistido, en la tercera planta del edificio de la calle Nevería, en pleno centro, que acoge las oficinas del área de Bienestar Social. «Pero cuando en 2007 entra en vigor la Ley de Dependencia, la razón de ser de la residencia pierde su sentido. Con todo, creímos que se podía mantener, pero estamos en época de crisis, con muchas dificultades, y hay que tomar decisiones importantes y valientes. Y desprendernos de competencias que no nos corresponden».

Al hilo de esto, Tocino informó de que en su última reunión, la delegada provincial del ramo, Manuela Guntiñas, le negó la posibilidad de concertar las plazas del piso asistido porque las características arquitectónicas del inmueble contravienen la normativa.

Pero los trece ancianos que viven en el piso asistido -que tiene diecisiete plazas- no quedarán desamparados. El Ayuntamiento está en conversaciones con el geriátrico privado La Torre, de la carretera de Fuentebravía, y con la Diputación, que posee una residencia en la calle Zarza, para que den plaza a estas personas. A este respecto Tocino, que ya se ha reunido tanto con los familiares como con las trabajadoras del piso, aseguró que el Ayuntamiento pagará la cantidad que no cubra el 75% de las pensiones de los ancianos. Algo que deben aportar por ley para obtener una plaza concertada. Pero al mismo tiempo la concejala dejó claro que a medida que se produzcan las bajas, éstas no se cubrirán. O lo que es lo mismo, en el caso de que los ancianos fallezcan o se marchen su plaza no será ocupada por otros. Así las cosas, la responsable municipal reclamó que la Junta concierte más plazas en la residencia de Valdelagrana. «De 160 camas solo 110 están concertadas. Gecosol debe pedir más. Esa es la salida y no que el Ayuntamiento asuma esa competencia».

En lo que afecta a las dieciséis empleadas de la empresa Assistel, Tocino confió en que entren en la bolsa de trabajo de Claros, la contrata del servicio de ayuda a domicilio. «Tenemos tiempo por delante para buscar soluciones».