La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra la familia Ruiz-Mateos

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite una querella contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, María Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino, presentada por 63 querellantes que invirtieron un total 9,44 millones de euros en pagarés de Nueva Rumasa.

El magistrado adoptó ayer esta decisión en un auto dictado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la admisión a trámite de la querella, en un escrito en el que señalaba que se han identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros, según los datos hasta diciembre de 2009.

Ruz, que se declara competente porque hay multiplicidad de perjudicados en más de una Audiencia, fija una fianza por responsabilidad pecuniaria de 13 millones de euros para los responsables de Nueva Rumasa, que deberán abonarla una vez que el magistrado disponga de la información recabada de los distintos Registros Mercantiles.

La querella que han interpuesto 63 inversores -asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, delito contra los consumidores y administración desleal- se dirige también contra Inversiones Ruiz-Mateos, Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Grupo Dhul y Clesa.

El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía y rechaza la petición de extender la querella a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España, como responsables civiles subsidiarios, tal y como piden los querellantes.

El magistrado asegura que del examen de las actuaciones, tanto del contenido en la denuncia y querella interpuesta, como de lo informado por el Ministerio Fiscal, se deduce una apreciación de estar ante «defraudaciones que produzcan o hayan podido producir un perjuicio patrimonial de entidad relevante en una generalidad de afectados en un ámbito territorial supraprovincial». En cuanto a la estimación del perjuicio patrimonial causado, el juez apunta que al no poder precisar el importe exacto de todas las inversiones vencidas que no han sido reintegradas, la instrucción deberá delimitar con la mayor precisión el destino último dado por los denunciados y querellados a las cantidades desembolsadas.

El juez designa a dos funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que analicen toda la documentación de contenido económico-financiero objeto de la investigación.

Dispone, además, a la Unidad Central de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como fuerza policial en estas diligencias para que practique cuantas actuaciones estime sean necesarias para la comprobación de los hechos.

El juez solicita a distintos registros mercantiles las cuentas de 2009 y 2010, y la certificación registral completa de las empresas José María Ruiz-Mateos, Inversiones Ruiz-Mateos, Nueva Rumasa, Clesa, Rumanova, Bardajera, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Hibramer, Dhul y Bodegas Valdivia. Reclama también a los juzgados mercantiles competentes los autos de declaración de concurso y la remisión de los informes de las administraciones concursales, una vez realizados, de Clesa, Carcesa, Hibramer, Dhul y Valdivia.

Acuerda que los funcionarios de la AEAT analicen las cuentas bancarias que identifica Anticorrupción e informen del destino dado a las cantidades ingresadas.