Las medidas de refuerzo no sacan del atasco a los juzgados de la provincia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace en su última memoria de actividad un análisis demoledor de las causas que han sumido en una situación de colapso crónico a los juzgados andaluces. La excesiva carga de trabajo por un aumento de la litigiosidad (pleitos que llevan los ciudadanos a las sedes judiciales) no es la única circunstancia que agrava un sistema lento y que, por tanto, pierde eficacia en un Estado democrático. El presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, incluye grandes dosis de autocrítica por el papel que tienen en estas disfunciones los propios jueces y funcionarios. Los objetivos que se habían marcado en 2010 para ir mejorando no se han cumplido, según plasma en la memoria de 2011, y advierte que el actual «sistema organizativo» de las plantas judiciales está agotado. La solución pasa, por tanto, por apostar por un nuevo modelo. Las cifras invitan a la reflexión profunda en este sentido.

Los juzgados de la provincia cerraron 2011 con 44.771 asuntos atascados en sus despachos. El dato es ligeramente inferior al año anterior, cuando los casos que se acumularon sin resolverse al terminar el año fue de 4.279. Medidas de refuerzo en algunas sedes con gran sobrecarga de trabajo como el juzgado de lo Mercantil o abrir por las tardes han servido para aliviar en algo ese dato cuantitativo. Para «taponar vías de aguas», como señala en su memoria el TSJA, pero son insuficientes. «Difícilmente cabe mejorar nuestro sistema judicial si no se producen avances en la transformación de la desfasada estructura organizativa de los actuales juzgados si no se establecen correcciones en el sistema de gestión de los recursos humanos con que cuenta la Administración de Justicia, que brilla por su ausencia».

Prueba de ello es que se quedaron 64.981 sentencias pendientes de ejecución en 2011, la mayoría proceden de la rama civil (51.410).

El impacto de la crisis económica en la actividad de los juzgados es clara. La destrucción de empresas, despidos masivos y reajustes laborales tienen su inmediata repercusión en la actividad judicial. Dos ramas son las principales afectadas de este aluvión de asuntos que llegan a diario: los juzgados de lo Social y el único órgano de lo Mercantil. Los primeros se dejaron más de 7.900 casos por resolver al terminar el año. Especialmente grave es el retraso que están acumulando los juzgados jerezanos de esta jurisdicción, con 4.523 casos pendientes. Esta situación de colapso está provocando que se estén señalando juicios con dos y tres años de antelación. El gran perjudicado es el ciudadano y así lo destaca el TSJA: «Esta diferencia temporal origina a los justiciables un grave quebranto, en ocasiones irreparable, ante los intereses en juego (despidos y extinciones de contrato, reclamaciones salariales, prestaciones de Seguridad Social...)».

El juzgado de lo Mercantil recibió un juez de refuerzo para mejorar el rendimiento de un órgano que presentaba una situación muy crítica, y que se ha ido agravando conforme la crisis ha echando la baraja de muchos negocios de la provincia. Pese a esa medida, el atasco sigue creciendo. Inició 2011 con 938 asuntos pendientes y lo ha cerrado con 1.124. Este juzgado, con competencias en toda la provincia, está asumiendo procesos como los concursos de acreedores declarados por empresas como Jale o la extinta Delphi.

Del resto de jurisdicciones, el TSJA pone el acento, ante los retrasos que acumulan por falta de personal, los juzgados mixtos de Chiclana, San Fernando y San Roque. Hacen una recomendación añadida para los órganos chiclaneros y es transformar las plazas que ahora ocupan jueces para que sean destino de magistrados por las características de una zona que crece en habitantes y asuntos judiciales. En cuarentena ponen el partido judicial de El Puerto, a la espera de cómo evolucionen en los próximos meses.

Más jueces, no sedes

Pero a diferencia de otros años, esta vez el TSJA no eleva una recomendación de cuántos nuevos juzgados deben crearse sino que su propuesta va encaminada a reforzar los órganos más conflictivos con jueces y no abrir sedes. «En este contexto de duro ajuste presupuestario y con previsión de una más que probable reforma legislativa en torno a los llamados tribunales de instancias, entendemos que el rumbo a tomar debe ser la creación de plazas individuales de magistrados o jueces en vez de unidades judiciales completas».

En este sentido, la propuesta para la planta gaditana es que se creen diez plazas en: Algeciras (dos en Primera Instancia y en lo Social), Jerez (dos en Primera Instancia y una en lo Contencioso), Cádiz (una en lo Mercantil y otra en lo Contencioso) y tres en los juzgados mixtos de Chiclana, San Fernando y San Roque.

Las infraestructuras es otra asignatura pendiente. La Junta lleva prometiendo el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia desde hace una década. Para el TSJA este proyecto debe ejecutarse a la mayor brevedad posible para acabar con la dispersión de sedes. También señalan como necesarios nuevos edificios en La Línea y San Fernando.