Nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por el mal estado del juzgado

Ha transcurrido algo más de un año desde que varios técnicos de la Inspección de Trabajo se desplazaran a la sede judicial de la avenida Tomás García-Figueras para corroborar lo que era un secreto a voces: el mal estado del edificio. Tras su visita, los profesionales concluyeron que las instalaciones adolecían de una serie de requisitos básicos, lo que incumplía en gran medida lo recogido en la Ley de Prevención y Riesgos Laborales.

En aquel momento se instó a la Administración a que tomara cartas en el asunto y ahora, cuando han pasado casi quince meses, Comisiones Obreras denuncia que la situación continúa prácticamente igual, a pesar de que a finales del pasado año Trabajo llevó a cabo una evaluación exhaustiva del recinto. Entre las medidas que debían haberse adoptado figura la elaboración de un Plan de Emergencias, que incluía la evacuación de la sede en caso de urgencia y que nunca llegó a ver la luz, así como la adopción de las reformas necesarias para impedir las continuas inundaciones que se producen en el edificio.

Otro de los puntos que aún no se han puesto en marcha es la habilitación de un local de primeros auxilios, sin olvidar la certificación de control de plagas e insectos; la intervención en cuanto a riesgo eléctrico y el anclaje de estanterías, armarios y archivos en almacenes y pasillos. Todas estas carencias, como explican desde CC OO, junto a la evidente carga de trabajo que soportan los funcionarios, hace necesaria otra evaluación pero esta vez de riesgos psicosociales entre la plantilla, como se ha hecho en el caso de la sede judicial de Ramón de Carranza, en Cádiz.

Este estudio supone un análisis en profundidad a través de encuestas y otras pruebas, con el fin de establecer el grado de estrés que sufren los trabajadores, detectando si padecen cuadros de ansiedad u otras patologías que puedan estar relacionadas con el desarrollo de su profesión.

Esta petición ha sido adjuntada por el sindicato a la Inspección, junto con la denuncia del mal estado del edificio, con la esperanza de que se acometa en un corto periodo de tiempo y ello ayude a resolver los problemas que padecen los funcionarios. Un personal que viene organizando protestas de una forma continuada por las condiciones en las que se ven obligados a realizar su trabajo diario, con una saturación que en algunos casos supera en un 130% lo recomendado en el informe del Consejo General del Poder Judicial, como ocurre con los asuntos gestionados en los Juzgados de Primera Instancia.