IU y el Ayuntamiento de Seseña estudian personarse en el juicio contra el ex alcalde

El Ayuntamiento de Seseña y la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida estudian personarse como acusación popular en el juicio contra el que fuera alcalde de la localidad toledana durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín por "los daños y perjuicios que todo este proceso ha causado a los vecinos" de la localidad toledana. El ex regidor está acusado de presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) 'El Quiñón', según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el actual regidor, Manuel Fuentes, quien acompañado del coordinador regional de IU, Cayo Lara, ha explicado que la intención de ser acusación popular contra el anterior alcalde debe ser aprobada por la Junta de Gobierno Local, en la que gobierna en coalición con el PSOE, para después ser presentada a la Junta de Portavoces municipales, y aprobado por el pleno.

Por su parte, el coordinador de la federación de izquierdas en Castilla-La Mancha, a falta de que la dirección de IU se haya pronunciado al respecto, ha manifestado la intención de su formación de personarse como causa judicial "porque queremos participar de forma activa en el proceso de instrucción, porque se ha abierto alguna puerta, pero quedan otras cerradas y muchas cuestiones por conocer, y nosotros disponemos de muchos datos".

El PSOE recuerda que Martín ya no es militante

El PSOE de Castilla-La Mancha ha subrayado su "tolerancia menos cero" con la corrupción, ha recordado que el ex alcalde de Seseña José Luis Martín no es militante socialista desde hace cuatro años y ha apuntado que, si "uno sale" como él, "poco podemos hacer más de lo que ya hemos hecho".

Así lo ha planteado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Patrocinio Gómez, cuando ha sido preguntado por la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra José Luis Martín por prevaricación, cohecho y delitos contra la hacienda pública en la aprobación del PAU donde 'Paco el Pocero' prevé la construcción de 13.508 viviendas.

El dirigente socialista ha manifestado que su partido respeta la presunción de inocencia de José Luis Martín, pero ha añadido que si la actuación de la Justicia confirma lo apuntado por la Fiscalía el PSOE tendrá tolerancia "no cero, menos cero". Asimismo, ha recordado que la agrupación socialista de Seseña fue disuelta hace cuatro años y que desde entonces el ex alcalde de la localidad no es militante socialista.

Incrementos patrimoniales injustificados

A instancias de IU, Anticorrupción investiga desde hace dos años la autorización de ese PAU, donde Francisco Hernando, conocido como 'Paco el Pocero', prevé la construcción de 13.508 viviendas. En las pesquisas, la Fiscalía encontró "unos incrementos patrimoniales injustificados" por parte de Martín por lo que presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción de Illescas (Toledo).

La denuncia sostiene que el alcalde forzó el último día hábil de la legislatura la aprobación de un PAU que iba a quintuplicar la población del municipio a pesar de que faltaban informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo y la evaluación ambiental de la Consejería de Agricultura. El proyecto fue anulado por IU tras ganar las elecciones al Ayuntamiento, además de denunciar un presunto trato de favor del anterior gobierno municipal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

'El Pocero' reclama dinero al Ayuntamiento

En la misma rueda de prensa en la que el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento estudia personarse en el juicio, Fuentes ha desvelado que 'El Pocero' reclama al Consistorio 46 millones de euros en compensación por no vender las más de 5.000 viviendas, de las casi 13.500 proyectadas, que ya ha construido.

El constructor considera que si no ha dado salida a esas casas es por las manifestaciones del alcalde, que reiteradamente ha denunciado que en 'El Quiñón' no hay infraestructuras públicas, y que el Ayuntamiento no puede sufragar esos servicios que competen al Gobierno regional.