El fiscal general de Brasil pide procesar al presidente Temer por corrupción

Menos de un año después de la destitución de su predecesora, Dilma Rousseff, por irregularidades presupuestarias, el presidente brasileño, Michel Temer es ahora el acusado. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ha presentado cargos contra el presidente. Es la primera vez en la historia del país suramericano en la que el jefe del Estado es formalmente acusado, ya que los hechos que le costaron la presidencia a Rousseff no eran materia de jurisdicción penal.

El de Temer con Janot es el nuevo duelo de pesos pesados. La denuncia presentada por este ante la Corte Suprema supone un duro golpe para un gobernante que alcanza máximos históricos de rechazo popular y abre una pugna que recuerda a la mantenida entre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Sergio Moro.

Como Lula entonces, Temer ha proclamado su inocencia. Ayer mismo compareció rodeado de cuarenta diputados leales, a los que agradeció su «apoyo espontáneo» y despreció los argumentos del fiscal: «No me impresiono con la falta de fundamentos jurídicos porque fui abogado durante 40 años», dijo desafiante, y añadió: «Mi preocupación es mínima». El mandatario no dudó en tachar las acusaciones de «infamia». Pero, pese a su aparente firmeza, no escapó a los periodistas el hecho de que el acusado se retrasó más de dos horas en dar explicaciones a los medios.

El pulso comenzó hace poco más de un mes, cuando Janot presentó todo un dossier contra el presidente con audios y filmaciones que lo mostraban en situaciones difíciles de explicar. En una de las grabaciones se veía a un hombre de su confianza, el exdiputado Rodrigo Loures, recibiendo una valija con medio millón de reales. Loures se encuentra ya preso en Brasilia.

Temer busca ahora nuevas estrategias de defensa en un escenario cada vez más complicado. La última encuesta, difundida el domingo, coloca a Temer como el presidente más impopular de Brasil desde 1989, con apenas un 7% de aprobación, y al rechazo en la calle podría sumarse ahora la pérdida de los apoyos parlamentarios que sostienen a su gobierno.

Hasta ahora, pese a todo, Temer ha sabido capear la tempestad, usando hábilmente su reputación de abogado constitucionalista y su conocimiento profundo del Congreso, en el que lleva más de treinta años, para mantenerse en el poder. La lentitud y la pesada burocracia del sistema, tanto a nivel legislativo como judicial, han sido hasta ahora sus otros dos grandes aliados.

«Pruebas abundantes»

En las 60 páginas de su denuncia, Janot desgrana «pruebas abundantes» de las supuestas prácticas ilícitas de l presidente de la República, entre las que destacan las grabaciones hechas por el empresario Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor industria cárnica mundial, y por los testimonios de siete ejecutivos de esa empresa. Todas ellas confirman la participación de Temer en sobornos y en el blanqueo de fondos luego desviados a su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Según Batista, su empresa pagaba sobornos a Temer y a su partido desde el año 2010.

Temer, por su parte, niega toda relación con el empresario y que, como acreditan los documentos del fiscal, usara varias veces el jet privado de Batista y que lo recibiera varias veces a altas horas de la madrugada en la residencia presidencial. Pero la Policía ha desmontado los argumentos del político acusado, que había asegurado que las grabaciones que le imputaban habían sido editadas. Los expertos policiales lo han descartado y han añadido diligencias en las que acusan al presidente de entorpecer la investigación.

El escrito de acusación pide a la Corte la condena de Temer por corrupción pasiva, su cese como presidente y una indemnización al Estado cercana a los tres millones de euros. El juez instructor, Edson Fachin, y el resto de magistrados de la corte decidirán ahora si se envía la denuncia a la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra sobre el futuro de Temer en una votación en la que dos tercios del plenario deben apoyar que se le aparte del cargo.

Si eso ocurre, el presidente será suspendido por seis meses y sustituido interinamente por el presidente del Congreso, Rodrigo Maia. Si finalmente Temer es condenado por la Corte Suprema, Maia deberá convocar elecciones en un plazo de 30 días. En ellas se elegiría al sucesor provisional hasta el primero de enero de 2019. Si, por el contrario, Temer supera la votación en el Legislativo, el proceso será archivado. El presidente confía en contar con los apoyos para frenar su procesamiento, pero su principal sostén, el Partido de la Social Democracias Brasileña (PSDB) se muestra dividido sobre el asunto.