El Senado filipino hará una vista sobre la presunta financiación de los «escuadrones de la muerte» de Duterte

El Senado de Filipinas llevara a cabo la próxima semana una vista sobre las acusaciones a la presunta financiación del presidente, Rodrigo Duterte, de los llamados «escuadrones de la muerte» cuando era alcalde de esta localidad de Davao.

El proceso se inicia después de que un presunto exmiembro de estas patrullas armadas, quienes atestaron la ciudad de Davao de cadáveres en la década de los 90, relatara los crímenes, según su testimonio, encargados por Duterte para eliminar a elementos críticos.

«Si los enterramos o los arrojamos en el mar, siempre fuimos pagados por el alcalde Rody (Rodrigo) Duterte», destacó el policía retirado Arturo Lascañas.

No obstante, como ha aclarado el senador Panfilo Lacson, la audiencia no será una reapertura de la investigación realizada por la comisión de justicia y derechos humanos sobre ejecuciones extrajudiciales.

En este sentido, la vista se basa en las nuevas revelaciones realizadas por el exmiembro de las fuerzas armadas.

Recientemente, Duterte se veía envuelto en una nueva polémica tras las acusaciones vertidas por otro exsicario sobre el presunto encargo de asesinato de rivales políticos cuando era alcalde en la ciudad de Davao. «Nuestro trabajo era matar a criminales como vendedores de drogas, violadores o ladrones», reconocía Edgar Matobato, de 57 años y exmiembro de los «escuadrones de la muerte» en su declaración durante una comisión de investigación del Senado

Antiguo líder de Davao, población de millón y medio de habitantes de la isla sureña de Mindanao, sobre Duterte pesan lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que sumergieron a la ciudad en el terror. De igual modo, siempre según el testimonio del exsicario, al menos en una ocasión Duterte participó de forma directa en las ejecuciones. El incidente se remonta a 1993, cuando el grupo de vigilantes se enfrentó a un agente del departamento de Justicia durante una misión. «El alcalde Duterte fue quien acabó con él. Jamisola (el funcionario asesinado) todavía estaba vivo cuando (Duterte) llegó. Vació dos cargadores de subfusil uzi sobre él», aseveró Matobato, quien estima el número de muertos en más de 1.000 durante un período 25 años.

Ya, en diciembre pasado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pedía al Gobierno de Filipinas que investigara las alegaciones lanzadas por el propio presidente sobre su participación directa en la muerte de tres personas cuando era alcalde de la ciudad de Davao.

«En Davao, solía hacerlo personalmente. Tan solo para mostrar a los chicos (oficiales de Policía) que si yo podía, ¿por qué no vosotros?», destacó Duterte la semana pasada en referencia a su participación en muertes. Posteriormente confirmó en una entrevista su implicación en tres decesos durante una crisis con toma de rehenes.

«Las autoridades judiciales filipinas deben demostrar su compromiso al respeto del estado de derecho y su independencia con el Ejecutivo mediante el lanzamiento de una investigación», reconoció Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. «Las muertes descritas por el presidente Duterte también violan el derecho internacional», destacó Hussein.