El Salvador, 25 años de un acuerdo de paz menos ideológico que el de Colombia

El Salvador celebra este lunes 25 años de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado que vivió el país de 1980 a 1992 entre el Gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que causó alrededor de 70.000 muertos.

Aunque El Salvador se ha visto inmerso después en otra violencia, la generada por las maras, la sociedad salvadoreña valora el sistema democrático puesto en marcha por el acuerdo de Chapultepec, cuyo texto era menos ideológico que el firmado recientemente en Colombia: garantizaba los derechos civiles a todos los miembros del FMLN (hubo amnistía general, también para los militares implicados en crímenes), pero no les regalaba asientos parlamentarios ni la ayuda económica que en Colombia se otorga a las FARC.

La valoración positiva de este cuarto de siglo en El Salvador la hacen quienes estuvieron tanto a uno como a otro lado de la mesa negociadora de los acuerdos.

En la delegación del FMLN participó Salvador Samayoa, quien poco después se separaría de la formación y sería un crítico de su práctica política. Samayoa destaca que el país «pasó de una falta absoluta de democracia a tener una democracia funcional, con problemas como tienen todas, pero bastante aceptable». Junto a ello, añade, «el otro mayor rédito fue la paz propiamente dicha, la ausencia de violencia política».

Aspiraciones incumplidas

No obstante, hubo aspiraciones que no se han visto cumplidas. «La gente esperaba que el escenario de paz comportara un mayor crecimiento económico y que este fuera más incluyente, y también que hubiera un mejor desempeño gubernamental». Eso, según sigue Samayoa, autor del libro «El Salvador, reforma pactada», ha llevado «a la apreciación de que hay una deuda, cuando la verdad es que lo que ha habido de insuficiente es lo que han hecho las élites políticas y económicas desde entonces».

En concreto, califica de «decepcionante» la actividad política del FMLN, en la presidencia del país desde 2009. «Llegar al poder y crear alternancia era un logro, pero el Frente ha desperdiciado una oportunidad histórica y se ha quedado atascado en el discurso del Socialismo del siglo XXI de Venezuela o de Nicaragua».

Influencia venezolana

El FMLN ha querido aplicar los mismos modos políticos que el chavismo, «con toda intención de perpetuarse en el poder, con métodos poco “santos”, intentando controlar la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones», aunque no hubo reforma de la Constitución, a diferencia de otros países del Alba.

Pero Samayoa cree que tras la muerte de Chávez, debido a las dificultades económicas de Venezuela para seguir apoyando regímenes similares, «ese peligro ha pasado». Apunta que el FMLN lograba unos ingresos de alrededor de cien millones de dólares anuales gracias al petróleo venezolano, gestionado a través de Alba Petróleo.

Eso se ha cortado en gran medida, y también se están cerrando otras compañías de cooperación bolivariana, que igualmente ayudaban a financiar el FMLN desde el exterior, de acuerdo con Samayoa. Con menos «capacidad para comprar voluntades políticas», el bloque que el FMLN había formado con otros partidos se disgregó en 2015.

Política de seguridad

El exgeneral Mauricio Vargas negoció el tratado de paz en nombre del Gobierno y luego participó en su implementación. A su juicio, «la democracia ha sido eficiente y ha dado los resultados esperados».

Como declaró a medios de Colombia durante una visita a ese país, en su opinión el único error cometido fue el referido a las fuerzas de seguridad: se acordó una gran reducción de miembros –de 70.000 a 30.000–, lo que ha supuesto problemas para el sistema de pensiones militar, y se creó una Policía Nacional Civil que ha sido poco efectiva en garantizar la seguridad pública.

Chato Vargas, como se conoce al ahora diputado del partido Arena, defiende la ley de amnistía general que se aplicó en El Salvador. Aunque en el país se creó una Comisión de la Verdad, sus investigaciones fueron a título informativo y los criminales denunciados no fueron perseguidos (la Comisión estableció en su informe que durante la guerra las fuerzas gubernamentales causaron mayor número de muertos que la guerrilla).