Hollande planea reformar la Constitución para reforzar la lucha contra el terrorismo yihadista

François Hollande se propone reformar la Constitución para reforzar los poderes del Estado en su lucha contra el terrorismo. El centro, la derecha y la extrema derecha apoyan esa reforma constitucional, criticada severamente por algunos dirigentes del PS y toda la izquierda socialista.

El consejo de ministros aprobó este miércoles día 23 el Proyecto de Ley constitucional de protección de la Nación (PLCPN), que será sometido a la Asamblea Nacional, en primera lectura, el próximo día 3 de febrero.

Para entrar en vigor, el PLCPN deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintas partes de diputados y senadores, modificando entonces los artículos 3 y 36 de la Constitución de 1958, que fundó el régimen de la V República

.

Esa modificación ampliará y regulará los nuevos poderes del Estado « en guerra contra el terrorismo». Tras los atentados del 13N pasado, el presidente Hollande anunció una reforma constitucional técnica, tras advertir que, en verdad, las amenazas terroristas y yihadistas de nuevo cuño plantean problemas inéditos para la seguridad de la Nación.

El estado de emergencia en Francia

La Constitución de la V República contempla dos posibilidades de acción excepcionales, ante amenazas nacionales e internacionales. Su artículo 16 regula la declaración del estado de emergencia (état d’urgence). El artículo 36 permite declarar el estado de excepción (état de siège).

Sucesivos presidentes de la V República recurrieron al estado de emergencia durante la guerra de liberación de Argelia (1954 -1962), la insurrección independentista de Nueva Caledonia (1984) y la insurrección de la “banlieue”, los suburbios, el invierno de 2005. El presidente Hollande volvió a declarar el estado de emergencia, tras los atentados del 13N.

Sin embargo, el estado de emergencia tiene una duración limitada en el tiempo y comporta limitaciones jurídicas, policiales y militares que no facilitan la lucha contra las nuevas formas de terrorismo.

El presidente de la República puede declarar el estado de excepción, transfiriendo la autoridad civil a la autoridad militar, con motivo de una insurrección armada o el estallido de una guerra. Acontecimientos excepcionales que tampoco facilitan una lucha inmediata y eficaz contra el terrorismo.

Para salir al paso de esas carencias constitucionales relativas, para combatir el yihadismo y las nuevas formas de terrorismo, nacional e internacional, el presidente Hollande ha concebido una reforma técnica y limitada de la Constitución, que podrá adoptarse sin recurrir al procedimiento “pesado” del referéndum nacional, con una “simple” mayoría de las tres quintas partes de la Asamblea Nacional y el Senado.

El Proyecto de Ley constitucional de protección de la Nación (PLCPN) que será presentado ante la Asamblea Nacional, el 3 de febrero próximo, modificará el artículo 36 de la Constitución, ampliando los poderes y calendarios de aplicación del estado de emergencia, para al ejecutivo, las fuerzas de seguridad del Estado y el poder judicial, que tendrán nuevas prerrogativas de acción, controladas siempre por la Asamblea Nacional.

El mismo PLCPN modificará el artículo 3 de la Constitución, permitiendo al ejecutivo quitar o privar de la nacionalidad francesa a los franceses de nacimiento que tengan doble nacionalidad, cuando hayan sido condenados por “crímenes contra la Nación”.

El presidente Hollande anunció personalmente su proyecto de privar de la nacionalidad francesa a los franceses de nacimiento que tuviesen “otra” nacionalidad, en su discurso ante el Congreso de Versalles, el 16 de noviembre pasado. Desde ese mismo instante, el Frente Nacional (FN, extrema derecha) de Marine Le Pen, y Los Republicanos (LR) de Nicolas Sarkozy, se dijeron dispuestos a apoyar la reforma constitucional propuesta por Hollande, criticada inmediatamente por toda la izquierda socialista.

Jean-Christophe Cambadélis, secretario general del PS, rechazó el proyecto de manera frontal: «Privar de la nacionalidad a los franceses de nacimiento que tengan otra nacionalidad no es una idea de izquierdas». Christiane Taubira, ministra de la Justicia, comentó: «Esa idea plantea un problema de fondo sobre un principio fundamental en la historia de la formación de la comunidad francesa». Ecologistas y extrema izquierda, por su parte, denunciaron un proyecto «escandaloso a inquietante».

Semanas más tarde, tras las recientes elecciones regionales, Marine Le Pen comenta el proyecto de reforma constitucional de Hollande en estos términos: «Es el primer efecto de los 6 millones 800.000 votos conseguidos por el Frente Nacional en las últimas elecciones regionales». Los cuatro diputados y senadores de la extrema derecha votarán a favor de la reforma constitucional que comenzará a discutirse a primeros de febrero. A la derecha, Nicolas Sarkozy y Alain Juppé, alcalde de Burdeos (el candidato conservador mejor cotizado en los sondeos), apoyan un proyecto de reforma constitucional que muchos diputados de izquierdas comienzan por criticar agriamente.