Colombia y las Farc firman el acuerdo sobre reparación a las víctimas del conflicto

Los negociadores del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron hoy en La Habana el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición.

Los jefes de los equipos de paz de ambas partes, Humberto de la Calle (gobierno) e Iván Márquez (FARC) rubricaron el documento que también fue suscrito por los representantes de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y de los estados acompañantes, Chile y Venezuela. En la declaración conjunta, las partes destacan que este acuerdo constituye un "paso fundamental de avance" para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y para poner fin a un conflicto armado que ha durado más de medio siglo.

El acuerdo establece la creación de un sistema integral para la reparación de las víctimas, que incluye el mecanismo de la jurisdicción especial para la paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado. Entre los objetivos del acuerdo figura la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, la rendición de cuentas con el establecimiento de responsabilidad de todos los participantes en el conflicto, la no repetición para afianzar el fin de la guerra y un enfoque territorial y de género en favor de grupos sociales como la infancia, mujeres y colectivos más humildes y vulnerables.

El sistema integral para la reparación de las víctimas estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición; la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la jurisdicción especial para la paz.

El acuerdo establece que, cuando finalicen las hostilidades en Colombia, se podrá otorgar, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para los delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones de los Derechos Humanos.

En ese sentido, el acuerdo hace énfasis en promover el fin de la impunidad.