Unas 3.300 personas tuvieron que vivir escoltadas en el País Vasco entre 1990 y 2011 por la amenaza de ETA

Unas 3.300 personas se vieron obligadas a llevar escolta en el País Vasco entre 1990 y 2011 ante la amenaza de ETA. Es la principal conclusión del informe encargado por el Gobierno vasco al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, y presentado esta mañana por su secretario de paz y convivencia, Jonan Fernández. «El reconocimiento de la injusticia de ese sufrimiento forma ya parte de la memoria», ha subrayado durante la presentación en San Sebastián.

Para la elaboración del estudio, sus responsables no pudieron disponer de un registro oficial en todos y cada uno de los 3.300 casos estimados, por lo que «la explotación de la información se ha basado en los datos del Departamento de Seguridad sobre las 1.619 personas a las que les fue asignado un operativo de escolta con cargo a los presupuestos generales del País Vasco».

La horquilla de tiempo en la que las personas amenazadas por ETA tuvieron que vivir escoltadas es amplia: osciló entre los 2 y los 14 años. El caso más extremo es el de cinco personas que tuvieron que vivir bajo protección durante 20 años o más. Una quinta parte necesitó que alguien velara porque los asesinos no le arrebataran la vida durante unos 10 años. La mayoría, más de dos tercios, entre 1 y 5 años.

El estudio refleja que el primer «pico» de personas que requirieron la asistencia de escoltas se dio en 2003. A partir de la falsa tregua de 2005 se registra un nuevo y paulatino aumento hasta llegar el punto máximo, registrado en 2010. Ese año, 826 personas vivían escoltadas a cargo del Departamento de Interior del País Vasco.

Políticos, empresarios, jueces, periodistas

Los ámbitos en los que se movían las personas sobre las que pesaba la amenaza asesina de ETA son variados: cargos políticos o personas vinculadas a algún partido político, personas ligadas al mundo de la empresa, la enseñanza, la administración de justicia o a la comunicación. Eran los objetivos de los etarras. A partir de 1998 se da un incremento especialmente acusado en cargos políticos y personas ligadas con el ámbito judicial.

Desde el punto de vista demográfico, predominaron los hombres escoltados (casi el 66%), frente a las mujeres (algo más del 34%). Por provincias, Vizcaya se situó a la cabeza, con un 38%, seguida de Guipúzcoa (29%) y Álava (17%).

Para Fernández, «la clarificación del pasado en materia de vulneraciones de derechos humanos es fundamental para la construcción de la convivencia y la memoria». Ha añadido que, a través de este informe, queda registrada esta realidad de manera «oficial» con un reconocimiento «público» de la injusticia de su sufrimiento y supone «una expresión de solidaridad con sus víctimas».