El Gobierno impugna el convenio entre las policías de Madrid y Rivas «por ser ilegal»

La Delegación del Gobierno va a impugnar el convenio por el cual la Policía Municipal de Madrid puede actuar, en el ámbito de la Cañada Real, en el término de Rivas, y viceversa. Se trata de un acuerdo firmado entre ambos Ayuntamientos y que la Abogacía del Estado concluye que «es contrario a la Ley». El asunto deberá dirimirse en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y, en el relato de los hechos, se solicita, mientras se llega a una resolución, la suspensión del contenido del pacto como medida cautelar.

El 16 de febrero, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, presidido por Pedro del Cura (IU), anunció a bombo y platillo un convenio entre su Policía Local y la Municipal de Madrid (Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena, de Ahora Madrid, la marca municipal de Podemos): con el pretexto de «combatir con mayor eficiencia y actuar con más eficacia» las infracciones de la legalidad urbanística, medioambiental y sanitaria en la Cañada Real, los agentes de la capital podrían actuar en el término ripense, y estos en Madrid.

Se da la circunstancia de que estos dos gobiernos locales son los que más problemas han puesto a la hora de firmar el Pacto entre Delegación del Gobierno, Comunidad y consistorios afectados para acabar de una vez por todas con el macroasentamiento marginal en la zona.

Informe desfavorable

El anuncio se hizo a espaldas del organismo gubernamental que dirige Concepción Dancausa, que, además, desconocía. Por eso, al día siguiente, solicitó un informe al Ministerio del Interior para comprobar si se ajustaba a la legislación vigente. El 23 de febrero, se recibía la contestación: el convenio es contrario al artículo 51.3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El documento ministerial concluía que la situación «especial y extraordinaria» que esgrimen Carmena y Del Cura, amparándose supuestamente en la ley autonómica de Coordinación de Policías Locales, choca con lo que establece el texto orgánico: ese «trasvase» de agentes entre municipios solo puede darse en «una situación de emergencia». Es más, la ley estatal prevé otras formas de colaboración entre Cuerpos que no sea trabajar fuera de su demarcación.

El 27 de febrero, Rivas celebró su Junta de Seguridad. En ella, el consejero técnico de la Delegación del Gobierno mostró su contrariedad por la ocultación del convenio a su organismo, que, además, «excede las competencias municipales».

Análisis de la Abogacía del Estado

En esa reunión, el propio teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid incidió en que «no se puede firmar un convenio entre municipios sobre asuntos de la competencia estatal». No hay lugar para sistemas paralelos y recuerda que la Policía Local es colaboradora de las Fuerzas del Estado.

Con todo, el 5 de abril, Madrid y Rivas firmaban el protocolo de marras, sobre el que Interior volvió a referirse de manera negativa. Así, la Delegación del Gobierno encargó su análisis a la Abogacía del Estado, que ha concluido que hay razones legales para su impugnación.

Se presentará en los juzgados en los próximos días. El tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en el caso probable de que acepte el recurso, deberá también decretar si procede la suspensión del acuerdo.

Es precisamente eso lo que ocurrió con el caso de la reducción de 37,5 a 35 horas de la jornada laboral para empleados y funcionarios municipales; en ese caso, la ley entiende que los consistorios no pueden establecer horarios para este tipo de trabajadores, que suponen, además, un agravio comparativo para otros adscritos a organismos estatales.