Un usuario de Bicimad, frente a la sede del Ayuntamiento - MAYA BALANYÀ / vea en el vídeo la exclusiva de ABC sobre los informes de Bicimad

La EMT encargó «a dedo» una auditoría para justificar la compra de Bicimad

El contrato menor se tramitó sin concurrencia pública y sin tres ofertas sobre la mesa; la adjudicataria tenía solo diez días para concluir el informe

MADRIDActualizado:

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) encargó «a dedo» una auditoría para «verificar los criterios del precio de cesión del contrato de Bicimad». Lo hizo el 28 de noviembre de 2016, más de un año después de que se produjese la compra a Bonopark por 10,5 millones de euros y apenas nueve días después de que ABC publicase que el Gobierno municipal de Ahora Madrid había realizado la adquisición sin informes oficiales que justificasen las cuentas.

Según recoge el expediente de contratación, consultado por este diario, se gestionó por el procedimiento de un contrato menor, sin concurso público y sin que se presentasen tres ofertas. Este tipo de acuerdos se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, que solo obliga a la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura. El tope está en los 50.000 euros, sin IVA, para los contratos de obras y en los 18.000 euros, excluyendo impuestos, para el resto de tipos. En este caso, la EMT aprovechó esta fórmula que no precisa de publicidad y pagó 3.750 euros, para que entrase dentro de lo estipulado en los contratos menores.

Además, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, los límites son más rígidos que en el resto de administraciones. La Instrucción municipal 3/2012 delimita los supuestos en los que se puede aplicar la fórmula del contrato menor, que solo pueden responder a necesidades puntuales y perfectamente definidas. Además obliga a que se presenten tres presupuestos como mínimo en la tramitación de los contratos menores de importe superior a 1.000 euros.

Sin embargo, la EMT solicitó expresamente, como así consta en el expediente, «una sola oferta» y que ésta fuera destinada a la entidad «Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A.». En el pliego, firmado por el director financiero, se argumenta que se elige a esta empresa porque «en el pasado ha auditado las cuentas de EMT y cuenta con solvencia e independencia contrastada». Se da la circunstancia de que esta empresa catalana es también la que auditó el patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y fue incapaz de detectar el desvío de fondos.

También resulta llamativo que la sociedad encargada de corroborar el contrato de cesión tenía marcado por la EMT un irrisorio plazo de ejecución de diez días. Y cuando terminó el tiempo pactado, la auditoría concluyó que el precio pagado se ajustaba al valor de los activos comprados.

Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, argumentan que «se pide una oferta por razones de confidencialidad de la información a tratar, ya que la información utilizada está regulada según un acuerdo de confidencialidad firmado entre Bonopark y EMT en enero de 2016 para poder tener acceso a toda la información necesaria en poder de Bonopark, dándose cumplimiento a la normativa que es de aplicación a los contratos menores».

Sin explicaciones

Desde que el PP anunciase que presentaría hoy una querella por presuntos delitos de malversación, prevaricación y encubrimiento porque consideran que la cesión podría incurrir en diferentes irregularidades, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, no dio explicación alguna sobre el procedimiento ahora bajo sospecha.

Incluso Sabanés arguyó que, si hay algo que se tenga que aclarar, tendrá que ser en el ámbito privado de la empresa pública: en «el consejo de la EMT y en la comisión delegada». Sin embargo, la cesión del contrato de Bonopark nunca llegó a debatirse en el consejo de administración de la EMT. Ahora Madrid pactó en privado con la entidad, adjudicataria del servicio desde 2013, el importe que le entregaría. El acuerdo se selló el 17 de mayo de 2016.

La delegada se escudó en la personalidad jurídica de la empresa para no hacer públicos los informes de las auditorías que justificaban que Bicimad valía 10,5 millones de euros, pese al desgaste del sistema y las grandes pérdidas que asumía mensualmente de 300.000 euros.

Como la EMT es una sociedad mercantil, «no estamos sometidos ni a las leyes de procedimiento administrativo, ni a las leyes de haciendas locales, ni a las leyes de bases de régimen local, ni se funciona en las empresas con los modelos de expedientes que todos estamos acostumbrados a manejar en el Ayuntamiento», sostuvo. Sobre la auditoría posterior que se solicitó tras la información publicada por ABC, justificó su encargo porque se estaba poniendo «en tela de juicio la solvencia» de la EMT.