Carmena no convence a la oposición con su nuevo reglamento de vivienda «por regularizar la okupación»

PP, PSOE y Ciudadanos se han alineado este martes en la comisión permantente de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para abstenerse en la aprobación del nuevo reglamento de adjudicación de vivienda protegida que pretende sacar adelante el gobierno de Ahora Madrid. A juicio de Borja Fanjul, edil del PP, «regulariza masivamente la okupación».

El punto más polémico del nuevo programa de Marta Higueras, que incrementará el parque público de viviendas en alquiler y eliminará los programas municipales de venta y arrendamiento con opción a compra, es la posibilidad de que aquellas personas que vivan en un piso de forma ilegal puedan acceder a la entrega de un piso protegido siempre que en el momento de solicitarlo no lo estén okupando.

El Consistorio modificará los requisitos de inscripción en el Registro Permanente de Solicitantes. Antes se vetaba a quien hubiera usurpado un inmueble propiedad de la EMVS. Ya anunció cuál era su plan a principios de octubre el nuevo equipo. Entonces, pedían que se demostrara que llevaban dos años okupando una vivienda a través de los servicios sociales.

Los nuevos requisitos se llevarán al Pleno de la próxima semana para sacarlos adelante. La oposición ha preferido reservar su discurso para entonces.

3.600 viviendas nuevas

Con el nuevo régimen de adjudicación que se implantará se planea construir 3.600 viviendas en los próximos años. Además, 1.360 pisos que están calificados como «en venta» pasarán a los diferentes programas de arrendamiento.

Se rebaja también el nivel de ingresos para acceder a la vivienda. El solicitante deberá contar con un salario de entre 0,75 y 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) –532,51 euros mensuales–; es decir, entre 399.23 euros y 1.867,78 euros al mes por la unidad familiar. Para jóvenes, los ingresos deberán estar entre 0,5 y 1,5 veces el Iprem (299 y 799 euros) y sube de 30 a 35 años la edad para pedir uno de estos pisos.

Para ampliar el arrendamiento el límite de ingresos será 5,5 veces el Iprem: una mensualidad de 2.928,8 euros. El precio del alquiler nunca superará el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia y ya no existirá obligatoriedad de abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se reduce también de 5 a 3 años la penalización para volver a solicitar un piso público tras haber renunciado a una adjudicada.