Sánchez Mato y Mayer denunciaron el acuerdo con el Open de tenis a espaldas de Madrid Destino

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el acuerdo que firmó el Consistorio en época de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Open de Tenis, que comenzó celebrándose en el Madrid Arena y desde 2008 lo alberga la Caja Mágica, según han confirmado a EP fuentes municipales.

Como ha adelantado la Cadena Ser y El Mundo, la denuncia está presentada el pasado 23 de marzo por parte del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la entonces delegada de Cultura, Celia Mayer, en calidad de presidenta del Consejo de Administración de Madrid Destino y por la consejera delegada de este ente hasta el pasado mes de abril Ana Varela.

Sin embargo, miembros del consejo de Administración de Madrid Destino aseguran que no conocían las intenciones de ambos ediles ni que fueran a presentar esta denuncia. «Es impresentable que en el Consejo de Administración de Madrid Destino de la que soy consejera, no se informara sobre estas supuestas irregularidades en ninguna ocasión e incluso se ocultara la presentación de la denuncia», ha declarado la concejal popular Isabel Rosell.

En la denuncia, el Ayuntamiento pide a la Fiscalía que investigue si en el acuerdo alcanzado con MPT puede haberse cometido un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Según los denunciantes, los responsables serían los firmantes de los «distintos instrumentos jurídicos» durante esa época. En este sentido, el Ayuntamiento apunta al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, y Pablo Bautista y José Ignacio Fernández González, ambos consejeros delegados de las ya extinguidas empresas públicas Promoción de Madrid y Madrid Visitors and Convention Bureau, respectivamente, por los acuerdos firmados en 2009 y 2012.

Como consta en el escrito, Madrid Destino, «ante la complejidad de la materia», solicitó el asesoramiento jurídico de dos despachos de abogados, uno de ellos especializado en derecho civil y administrativo, y el segundo, en derecho penal. En concreto, se les pidió que analizaran «todas las circunstancias fácticas y jurídicas» en el acuerdo para la organización de este clásico del tenis, que arranca mañana.

Incremento de las aportaciones

El Gobierno actual ha constatado que desde 2001 hay un «incremento del precio a pagar en concepto de contraprestación por la celebración en Madrid del torneo de tenis» por parte del Ayuntamiento: se pasa de 1,5 millones de euros anuales en 2001 a los 7,7 millones de euros de coste previsto para el ejercicio 2017, lo que se traduce en «5,13 veces más». Además, añade que la cantidad para los ejercicios 2018 a 2021 ascenderá a 8,5 millones de euros (5,6 veces más).

El primer gran incremento en las aportaciones se produce en 2009, cuando se pasa de los 1,7 millones que se dieron en 2006 a los 5,3 millones de euros por el acuerdo alcanzado ese año (gastos totales del Ayuntamiento de Madrid y la sociedad municipal). Después, en 2010 se vuelve casi a duplicar hasta los 10,4 millones.

Es desde 2009, según denuncia el Consistorio, cuando las relaciones entre el Ayuntamiento y MTP «se articulan dando entrada a las sociedades municipales, estableciéndose negocios jurídicos diferenciados pero vinculados absolutamente».

Como consta en la denuncia, MTP es una sociedad unipersonal cuyo administrador único es Gerard Tsobanian, extenista profesional y representante en España del también extenista Ion Tiriac. Se encarga de organizar, entre otras cosas, torneos de tenis y actualmente es el responsable de la celebración del Mutua Open de Tenis.

El Ayuntamiento comenzó a investigar el acuerdo como consecuencia de la «enorme importancia de la partida presupuestaria destinada a cubrir las obligaciones que Madrid Destino había adquirido con MTP». Por ello, se trató de averiguar el origen de las obligaciones, los derechos que se adquirían y la existencia de relaciones de MTP con el Ayuntamiento de Madrid.

Objeto del análisis de los despachos de abogados es la conexión entre los derechos de patrocinio-publicidad y la sede y el cambio que hubo de actuación en 2009, cuando se continuó con el convenio, siendo «sensiblemente más generoso» con la mercantil MTP que su antecesor, disparándose el incremento de la retribución a abonar.

El Grupo Municipal Popular, que encabeza José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado hoy que las guerras internas del Ayuntamiento perjudican “seriamente” la imagen de Madrid en vísperas del inicio del torneo de tenis que se celebra en la Caja Mágica, tras la filtración a los medios de una denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 23 de marzo, una semana después de conocerse las intenciones de la alcaldesa de cesar a Celia Mayer de la concejalía de Cultura. El torneo, encuadrado dentro del circuito Master 1000, genera un retorno económico para la ciudad de cerca de 100 millones de euros, según distintos estudios.

Hay «intencionalidad política»

Para la portavoz de Cultura del PP, Isabel Rosell, «si hay irregularidades, que se depuren hasta el final», pero hacer pública esta denuncia un día antes de que se inicie el torneo, con lo que supone para la imagen de Madrid, demuestra la «intencionalidad política de este Gobierno sectario».

«Es impresentable que en el Consejo de Administración de Madrid Destino de la que soy consejera, no se informara sobre estas supuestas irregularidades en ninguna ocasión e incluso se ocultara la presentación de la denuncia», defendió Rosell, quien anunció que el PP exigirá explicaciones a la alcaldesa Carmena en la próxima comisión de Cultura municipal.

«Regalo envenenado»

En opinión de Rosell, esta decisión es el penúltimo «regalo envenenado dejado por el equipo de Celia Mayer antes de ser cesada como delegada de Cultura, y pone de manifiesto, una vez más, la guerra soterrada que se vive en el Gobierno de Carmena, con Luis Cueto, coordinador de la Alcaldía, y los concejales próximos a Ganemos e Izquierda Unida como principales rivales».

Asimismo, Rosell criticó el «uso político» que el Gobierno de Carmena hace de despachos de abogados para la elaboración de auditorías internas sobre asuntos que, en su momento, contaron con el visto bueno de la Intervención General del Ayuntamiento. «Se demuestra la poca confianza y el desprecio que este Gobierno tiene hacia los funcionarios municipales: marginan a la Intervención y desprecian la labor de los técnicos y trabajadores del ayuntamiento», añadió.