Sinaí Giménez y su clan, detenidos por presunta extorsión a ambulantes

Más de un centenar de efectivos, entre agentes de la Guardia Civil y la Policía, participaron ayer en una operación conjunta que se saldó con la detención de Sinaí Giménez, autoproclamado «príncipe de los gitanos», y de varios de sus familiares más cercanos. Los registros previos a los primeros arrestos arrancaron al filo de las 6 de la mañana en Tomiño, la localidad pontevedresa donde reside el conocido como clan de los Morones. Las cuatro viviendas que la familia de Sinaí Giménez tiene en el municipio fueron registradas durante cerca de 12 horas por los agentes del Instituto Armado, que se desplazaron al lugar acompañados de expertos de los Tedax y del servicio de guías caninos de la Guardia Civil.

Un helicóptero los apoyó desde el aire durante buena parte del día lo que facilitó, según fuentes próximas al caso informaron a ABC, que las detenciones se llevasen a cabo sin ningún tipo de tensiones ni enfrentamientos. Es más, al abandonar su domicilio Sinaí Giménez posó para las cámaras levantado los dedos en señal de victoria.

Un gesto similar repitió Juan Paulo, uno de los hermanos del «príncipe gitano» arrestado junto a sus padres, Olegario y Flora, otro hermano más llamado Saúl, una nuera del matrimonio y un joven de 18 años que estaba en el domicilio en el momento de la intervención policial. En total, la cifra de detenidos ascendía este martes a once, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. El operativo, que se desencadenó por una querella presentada por la Fiscalía de Pontevedra ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Cangas, llevaba meses gestándose entre los dos cuerpos policiales de manera conjunta y está directamente relacionado con las presuntas extorsiones a las que Sinaí y sus allegados estarían sometiendo a un clan enemigo, el de los zamoranos, para controlar los mercadillos de la provincia.

Impuesto revolucionario

Las desavenencias entre unos y otros, vox populi en el mundillo de los mercados ambulantes, saltaron a la luz pública cuando los vendedores zamoranos fueron desterrados al negarse a asumir este presunto impuesto revolucionario. Era finales de 2014 y el regreso de los expulsados prendió la mecha para que en octubre de 2015 la tensión estallase en el mercadillo de Cangas, con una reyerta que se saldó con seis heridos. Tan solo unos días más tarde, tras la celebración del mercado vigués de Coia, un tiroteo a plena luz del día en la VG-20 acabó con un comerciante zamorano herido por un disparo de bala. Meses después, el propio Sinaí Giménez se vio envuelto en una agresión a otro de los integrantes de este clan enemigo, unos hechos por los que prestó declaración la pasada semana en el juzgado. A los arrestados se les investiga por varios delitos, entre ellos extorsión, coacciones, pertenencia a banda criminal, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales. De ahí los registros que agentes de la Policía Nacional realizaron en dos gestorías del centro de Vigo y también en las localidades de O Porriño y Vilagarcía.

A última hora de ayer, los detenidos permanecían en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, donde esperarán su paso a disposición judicial. Atendiendo a la información judicial, los Morones no se verán la cara con el juez hasta este jueves, teniendo en cuenta que la operación sigue en marcha y que la nómina de arrestados podría engrosarse. En este sentido, fuentes próximas al caso apuntaron a este diario que la lista de presuntos extorsionados podría ser larga. El agravamiento de las desavenencias entre los clanes dio pie a que, de unos meses a esta parte, algunos ayuntamientos como el de Vigo optasen por cancelar los mercados ambulantes para evitar nuevas reyertas y encontronazos. En otros lugares, como O Porriño, agentes de la Guardia Civil patrullaron durante semanas los rastros para velar por la seguridad de los comerciantes. Estos últimos, daños colaterales de la guerra abierta entre las dos familias gitanas, llevan meses exigiendo la reapertura de mercados tan estratégicos como el de Bouzas, clausurado sine die por cuestiones de seguridad. Según los vendedores, la medida afecta a más de 200 familias. La causa contra los Morones ha sido declarada secreta.