Méndez estudia que el TS evite el pago de un derribo millonario

Lugo se maneja en una polvareda política y judicial. Las sentencias del TXSG que ratifican el criterio de Patrimonio para derribar las torres de O Garañón —en su día, autorizadas por el exsecretario general del PSdeG Gómez Besteiro—han desencadenado una cascada de reacciones del gobierno socialista local y de los grupos de oposición. La alcaldesa, Lara Méndez, convocó ayer una junta urgente de portavoces para comunicar que su equipo estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El fin es evitar que el Concello sufrague una indemnización millonaria al constructor de las torres y tener que financiar, además, los costes de derribo de los inmuebles.

El abogado del promotor se pronunció ayer en esa línea. «Habrá que derribarlo, total o parcialmente», aseguró, al tiempo que tendía la mano al ayuntamiento para comenzar las negociaciones.

Más comedida fue la regidora, que se limitó a indicar que se evaluarán «las distintas opciones que existen respecto al caso» para actuar a continuación «en beneficio de Lugo».

La investigación judicial por las prácticas que rodearon a la urbanización, pilotada por la juez Pilar de Lara, desembocaron en la imputación del exalcalde —y símbolo de una época— López Orozco y su entonces mano derecha en la Concejalía de Urbanismo, Jose Ramón Gómez Besteiro. La ratificación del TSXG a la orden de derribo supone un nuevo estoque a su gestión. «Defienden la licencia porque, si no, no la hubiesen concedido», argumentó Méndez.

El portavoz del grupo municipal popular, Jaime Castiñeira, reclamó la contratación de una asesoría externa para eliminar el «conflicto de intereses» que, según el PP, existe en el seno del gobierno local: «Una concejala actual avaló con su voto este proyecto y otro tiene relación directa con quien también lo hizo», señaló. La Alternativa Cidadá de Esquerdas también asume que el Concello pagará la demolición.