El futuro de la fachada marítima desata un nuevo conflicto entre Ferreiro y el Puerto de La Coruña

Con el puerto exterior de Punta Langosteira convertido ya en una realidad, La Coruña encara el que todos coinciden en señalar como uno de los debates que marcará el futuro desarrollo de la urbe herculina: ¿qué hacer con los muelles que conforman la fachada marítima de la ciudad cuando pierdan sus usos portuarios? La discusión, al igual que aconteció con la polémica en torno a la subasta de los terrenos de La Solana, vuelve a poner en evidencia la falta de entendimiento del gobierno de Xulio Ferreiro con la Autoridad Portuaria de la ciudad, que le recuerda al regidor que cualquier propuesta de futuro para esos terrenos debe ayudar a aliviar la deuda contraída por este organismo después de financiar la dársena de Punta Langosteira.

El alcalde coruñés anunció el mes pasado que la intención del gobierno de la Marea Atlántica es ubicar un museo dedicado al mar y a la emigración en los muelles de Batería y Calvo Sotelo, así como un entorno orientado a la economía azul en la zona de San Diego. Para llevarlo a cabo, Xulio Ferreiro llamó a «dejar sin efecto» los convenios firmados en 2004 para financiar la construcción del puerto exterior, y que proyectaban la creación de más de 4.000 viviendas en algunos de los citados muelles una vez pierdan su uso portuario. «Son acuerdos pensados para una época que ya no existe», defendió Ferreiro en un desayuno informativo.

No obstante, desde la Autoridad Portuaria de La Coruña le recuerdan al regidor rupturista que «no puede cambiar las reglas de juego en mitad de la partida» e insisten en que, según los convenios firmados en su día por las instituciones implicadas, la venta de los muelles debe reportar al menos un tercio de los costes de la construcción del puerto exterior. «Asumimos el coste de las obras, asumimos un endeudamiento muy fuerte, y necesitamos ingresos», explican a ABC fuentes de la dársena coruñesa.

Para lograr alcanzar una fórmula de consenso, que garantice la titularidad pública de los terrenos y la financiación de la deuda derivada de la construcción de Punta Langosteira, tanto Xulio Ferreiro como el presidente de Puertos del Estado y su homólogo en La Coruña volverán a reunirse en la ciudad herculina el próximo 3 de mayo. Desde la dársena coruñesa ya advierten que acudirán a la reunión con «la mejor de las disposiciones», aunque reclaman «más coherencia y responsabilidad» al alcalde de la ciudad. «El gobierno municipal sabe y admite que no es posible una entrega gratuita de los terrenos, así que es muy contradictorio que apoye mociones en este sentido», critican desde la Autoridad Portuaria.

Consorcio público

También los grupos de la oposición en María Pita le achacan a Ferreiro la falta de consenso a la hora de formular su propuesta. Desde el PSOE, su portavoz en el ayuntamiento de La Coruña, José Manuel García, cree que un proyecto de este tipo «que transformará la ciudad para las próximas décadas» requiere de un debate sosegado, que incluya a todos los agentes de la ciudad «y no hacer propuestas en desayunos». No obstante, García cree adecuado destinar los terrenos de la fachada marítima a usos terciarios y opina que es necesario pactar con la Autoridad Portuaria una modificación de los convenios de 2004 para adecuarlos a la realidad actual. «Si la ciudad entiende que son susceptibles de ser reformados es importante hablarlo con las distintas autoridades implicadas, porque romper unilateralmente esos espacios de diálogo no va a ser bueno y va a acabar retrasando decisiones muy importantes que va a haber que tomar», aclara el portavoz socialista.

Por su parte, el edil del PP coruñés Martín Fernández Prado defiende la creación de zonas verdes en los muelles que perderán sus usos portuarios y acusa a Ferreiro de adjudicarse una idea que los populares ya llevaban en su programa electoral. Sobre la manera de garantizar el uso terciario de los terrenos y, a la vez, la financiación de la Autoridad Portuaria, Fernández Prado recuerda que existen fórmulas como la creación de consorcios públicos o sociedades anónimas públicas que desarrollen los usos del suelo manteniendo su titularidad municipal. «Es un modelo que ya se ha llevado a cabo en muchas otras ciudades como Bilbao o Valencia, por ejemplo, así que ¿por qué no se podría llevar a cabo también en La Coruña?, defiende el edil popular.