La Policía detiene al exdirector general de Interior en la causa que afecta a Serafín Castellano

La Policía ha detenido este miércoles al exdirector general de Interior de la Generalitat Pedro Hidalgo, en el marco de una operación relacionada con la causa que instruye el juzgado de instrucción número dos de Sagunto por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales en la que está imputado el exdelegado del Gobierno y anterior conseller de Gobernación, Serafín Castellano. En total hay veinte detenidos.

Esta operación surge de las diligencias que se siguen en este juzgado de Sagunto desde el pasado año por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

Hidalgo fue nombrado director general de Interior de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas en octubre de 2005, cuando ostentaba el cargo de presidente de la Generalitat Francisco Camps.

Hidalgo es el ex alto cargo valenciano que figura entre los arrestados este miércoles, junto a otro ex alto cargo catalán y una veintena de personas más en la operación, de ámbito nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) y coordinada por Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

En total, los agentes han detenido, por orden del juez instructor, a más de una veintena de personas y han practicado 20 registros en diferentes empresas y viviendas. Entre ellos, la Policía Nacional ha detenido en Barcelona a dos mandos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, ambos exjefes del área de Medios Aéreos, en la operación llevada a cabo en varias provincias.

Además de la Comunitat Valenciana y Cataluña, la operación --que incluye tanto detenciones como registros-- se ha desarrollado de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura.

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

En estas diligencias está investigado --denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)-- entre otros, Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios.