Presunta financiación irregular
El Ministerio de Vivienda firmó el contrato con la agencia del PSPV sin cumplir con los plazos legales
Un informe encargado por el juzgado de Valencia evidencia que la firma con Crespo Gomar se produjo el mismo día en el que se llevó a la mesa la propuesta de adjudicación definitiva
La cronología para la adjudicación del contrato que suscribió el Ministerio de Vivienda con la empresa Crespo Gomar -investigada por haber financiado de forma presuntamente irregular al PSPV-PSOE de cara a las elecciones de 2007- resulta «incoherente e imposible» . Se trata de una de las conclusiones principales que se desprenden del informe elaborado por la Intervención General del Estado a petición del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargado de la causa durante el último año y medio.
El documento obra desde el pasado enero en poder de Instrucción 24 de Madrid tras la inhibición de la magistrada y en él se detallan los incumplimientos que se dieron durante el procedimiento de adjudicación . Lo cual, en opinión de la juez, hace sospechar que ya estaba otorgado «antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».
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El informe alerta de «irregularidades que podrían ser constitutivas de infracción penal» en el contrato por importe de 126.208 euros concedido en 2009 a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Vivienda, al frente del cual se encontraba en ese momento Beatriz Corredor (en la actualidad miembro de la Ejecutiva federal del PSOE que dirige Pedro Sánchez y una de las candidatas a alcaldables por Madrid para las próximas elecciones municipales). De hecho, en la causa que se sigue en este juzgado de Madrid tendrán que declarar tres técnicos del departamento el próximo viernes en calidad de investigados .
El informe aporta una serie de conclusiones relevantes. Una de ellas es que el contrato, para el que compitieron cinco empresas, se licita de forma urgente por el director de Gabinete de la ministra. Para la Intervención, «parece una imprevisión», puesto que no cumple con los requisitos que establece la ley en casos de urgencia. El objeto era una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012, lo que según el informe no resultaría necesario adjudicar de forma inmediata puesto que ese plan del ministerio «no es algo sobrevenido» .
Intervención también remarca una «inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento » de la mesa de contratación durante las diversas sesiones en las que se reúne, con la sustitución de algunos miembros cuya presencia no se acredita.
Advierte también de una serie de incumplimientos, como que no se espera a tener un informe técnico de las ofertas presentadas antes de abrir el sobre en el que consta la propuesta económica -lo cual es una garantía de transparencia- o que se inadmite una de las ofertas por baja temeraria sin una justificación clara del motivo.
El informe destaca asimismo que la propuesta definitiva de adjudicación a Crespo Gomar se plantea en la mesa el 29 de diciembre, el mismo día en el que se aprueba y se firma el contrato . Todo ello sin haberse realizado el bastanteo de poderes por parte del Abogado del Estado -sin el cual no se puede formalizar un contrato-. Además, se sigue manteniendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre.
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