El millón de Balañá

En estas mismas páginas abecedarias se desveló el pasado domingo uno de los interrogantes que quedaban pendientes tras la prohibición de las corridas de toros. La indemnización a recibir por los propietarios de la Monumental de Barcelona, su empresa gestora y todos los profesionales a los que desde 2011 se les ha impedido ejercer en Cataluña.

Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha puesto precio a la prohibición y condena a pagar un millón de euros a Balañá, de los diez que pedía la empresa.

Un millón de euros frente a los trescientos que se barajaron en días de euforia tras la abolición, frente a los trescientos mil euros que consideró la Generalitat, y frente a los 20 que se incluían en algunos expedientes administrativos. La sentencia del Tribunal Constitucional y los juzgados cambiaron las cosas y se ha llegado a la sentencia del millón. Una resolución del TSJC que la administración catalana ha recurrido, y que a la vez abre la puerta a que todos los estamentos a los que la Generalitat fue negando un pago, puedan ahora exigir indemnizaciones.

El camino hasta que un tribunal haya dictaminado que un millón de euros resarce el cerrar y mantener la plaza ha sido largo, y puede que todavía no se haya llegado al final. Porque sean uno o diez los millones, aquí alguien debería asumir la responsabilidad de prohibir una actividad empresarial en Cataluña. Una prohibición, además, contraria a derecho, y que ha generado una importante deuda para la administración autonómica.

Pero a la hora de enfrentarse con esa responsabilidad, la cosa cambia. Aquí, ninguno de los diputados que en julio de 2010 votó en el Parlament prohibir las corridas de toros entonará el mea culpa. Al final, con un millón de euros, y los que puedan venir, asunto zanjado. Total, si ese millón también lo vamos a pagar los aficionados...