Un grupo de estudiantes tomó las vías del tren de acceso al campus durante la huelga de marzo
Un grupo de estudiantes tomó las vías del tren de acceso al campus durante la huelga de marzo - ABC

Manifiesto de profesores de la UAB contra la violencia radical en el campus

Los docentes denuncian la «pasividad y comprensión» del rectorado ante las amenazas e impunidad con la que actún un grupo de estudiantes

BARCELONA Actualizado: Guardar
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La impunidad con la que un grupo de radicales actúa en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y la manera pasiva con la que el rectorado está respondiendo a los mismos, ha llevado a un grupo de profesores a tomar la iniciativa. Más de una treintena de docentes, personal de administración y servicios y estudiantes han suscrito el manifiesto «contra la violencia y la pasividad institucional».

Tal y como denunció ABC este fin de semana, un grupo de medio centenar de radicales lleva meses actuando con una inusual dosis de violencia en el campus de la UAB, bien en protestas de tipo académico, bien amedrentando a grupos como Societat Civil Catalana. En concreto, el manifiesto alude a lo sucedido durante la huelga educativa del pasado 1 y 2 de marzo convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalanas (SEPC), próximo a la CUP.

Tras subrayar que muchos de los firmantes suscriben las quejas por el incremento de las tasas universitarias, denuncian que esta legítima demanda fue aprovechada por un pequeño grupo para «ocupar físicamente el recinto universitario, causar importantes daños, cortar las vías de comunicación, hacer pintadas con amenazas e impedir coactivamente el acceso al campus de trabajadores y estudiantes».

Hechos delictivos

Ante estos hechos, «algunos claramente delictivos», añaden los firmantes, «las autoritades académicas de la UAB han mostrado una vez más pasividad y comprensión». «Su respuesta, como ya es habitual desde hace años, ha sido manifiestamente insuficiente», añaden. En la misma línea, recuerdan que «los comunicados del equipo rectoral no tan solo han ocultado la verdad de los acontecimientos sino que han minimizado su gravedad. Incluso han llegado a equiparar la actitud de los estudiantes violentos con la de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la de los propios servicios de seguridad de la UAB».

Los firmantes apelan directamente a la rectora, Margarita Arboix, a la que acusan de «renunciar explícitamente a ejercer su autoridad», dejando al resto de profesores, estudiantes y personal en «completa indefensión».

Por ello, exigen a la rectora que dé explicaciones, se adopten medidas para identificar a los violentos y se les apliquen medidas de disciplina académica. «Los miembros de la comunidad educativa debemos reaccionar ante las imposiciones de una minoría violenta que se aprovecha de la pasividad y comprensión de las autoridades académicas», añaden. Firman el manifiesto, entre otros, el profesor y expresidente de Sociedad Civil Catalana, Rafael Arenas, o el profeor de Ciencias Políticas Gabriel Colomé.

Campaña contra Societat Civil

Por otra parte, la sectorial de jóvenes de Societat Civil Catalana (SCC) de la UAB presentó ayer una nueva queja ante la rectora de esta Universidad, en esta ocasión para denunciar una campaña de recogida de firmas que inició el lunes la autodenominada Plataforma

Ataque a una carpa de SCC, la pasada semana
Ataque a una carpa de SCC, la pasada semana - SCC

Antifascista, con el declarado objetivo de expulsarlos del campus. SCC recuerda que «los supuestos estudiantes de esta plataforma, que han agredido verbalmente a los jóvenes de SCC de la UAB hasta en seis ocasiones, están distribuyendo un folleto absolutamente difamatorio contra esta entidad, sirviéndose para ello de carpas, que aparentemente pertenecen a la propia UAB, y que están colocadas en el lugar donde hace una semana destrozaron con un extintor otra carpa de SCC, tras rodearla, arrancar una bandera de España y quemarla en plena Plaza Cívica».

La entidad antisoberanista, que denuncia que el rectorado les deja desamparados, pidió a la rectora Arboix «que haga lo necesario para que cesen de inmediato la difusión de folletos y la recogida de firmas, por cuanto constituyen actos de persecución ideológica y de incitación al odio de una extraordinaria gravedad».

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