La ley de transitoriedad que preparan JpS y la CUP prevé sustituir el TC por una Sala de Garantías
Salellas (CUP), uno de sus ponentes: «No se trata de cambiar el sistema judicial catalán, pero sí de dotarnos de las instituciones necesarias para no continuar utilizando el Supremo o el Constitucional»
La ley de transitoriedad jurídica, una de las llamdas «leyes de desconexión» que preparan JpS y la CUP para llevar a cabo la secesión de Cataluña, prevé sustituir el Tribunal Constitucional (TC) por una Sala de Garantías catalana y también prevé crear un Tribunal Supremo catalán.
Así lo ha explicado el diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña Benet Salellas en una entrevista para Ep, en la que ha desvelado detalles de la propuesta de ley que debe certificar la independencia y sentar las bases de la transición del ordenamiento jurídico actual a uno exclusivamente catalán.
La norma, según Salellas, está redactada desde hace meses, aunque sufre cambios habitualmente, y se aplicaría en caso de que el referéndum ilegal del 1 de octubre se celebrase y en él ganase el «sí».
No es una constitución
Salellas explica que la CUP no ha compartido la visión «casi sagrada» de JpS sobre esta ley -cuya elaboración ha estado envuelta en un gran secretismo- y no creen que sea «omniresolutiva», si bien ha constatado que a lo largo de su elaboración la han ido redefiniendo, dándole finalidades y objetivos.
El diputado autonómico, uno de los ponentes de la ley fuera del trámite parlamentario, pues aún no se ha tramitado, explica que la norma explicita cómo funcionará el proceso constituyente y establece como se resolverían en una Catalunya independiente aquellas competencias que ahora pertenecen a la Administración General del Estado, pero aclara que no se trata de una constitución en sí misma, precisamente porque es el proceso constituyente que prevén tras el 1-O el que debe dibujarla y concretar las instituciones definitivas.
Sin embargo, la ley -que aún no se ha hecho pública- ya incluye algunas de las instituciones necesarias para suplir el papel de la Administración General del Estado o el Poder judicial: «No se trata de cambiar el sistema judicial catalán, pero sí de dotarnos de las instituciones necesarias para no continuar utilizando el Tribunal Supremo (TS) de Madrid o el TC, pero continuaremos teniendo TS y TC».
El nuevo TS catalán mantendrá el mismo nombre y hará de máxima institución del sistema judicial en Cataluña, y contará con un espacio donde se debatirán materias constitucionales y de garantías de derechos, es decir, la nueva Sala de Garantías.
«Para el TC buscamos una fórmula diferente porque pensamos que la última etapa de alguna forma nos pide cambiar la nomenclatura para no reproducir una institución que ha sido tan antidemocrática en relación con la soberanía de Cataluña», ha asegurado.
«Nosotros tenemos que decir qué pasa con los jueces y fiscales, cómo funcionará la administración de Justicia», ha dicho sobre los cambios que prevé la ley en la administración de justicia, toda vez que en el referéndum ilegal gane el «sí» a la independencia, porque si no, aclara Salellas, la ley no tendrá sentido.
«Plazos racistas»
Salellas ha explicado también que la ley de transitoriedad jurídica recupera algunas de las leyes que han sido declaradas inconstitucionales por el TC y que sus impulsores consideran que daban pasos importantes en la conquista de derechos.
«La ley 24/2015, por ejemplo», ha dicho sobre la norma de medidas urgentes para afrontar emergencias habitacionales y pobreza energética que aprobó el Parlamento autonómico, que la ley de transitoriedad recupera explícitamente.
El redactado de la norma también acorta los plazos para que los extranjeros puedan obtener la nacionalidad catalana: «Reduce unos plazos que son absolutamente, me atrevería a decir, racistas que tiene la legislación española».
Salellas asegura que la norma hace una proclama de los derechos fundamentales que va más allá de la que hace la Constitución Española, adecuándose a instancias internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en derechos sociales.
«La república tiene que ser un instrumento para cambiar las condiciones de vida de la gente», ha concluido, que además incide en que los cambios que han introducido en la norma en los últimos meses son pequeños detalles y que responden a la excepcionalidad del momento y a los acontecimientos que se van sucediendo.
Salellas narra cómo en la construcción de la nueva norma los ponentes -que no se han hecho públicos- se han debatido entre introducir algunos cambios con respecto al marco legal español y esperar a hacerlo en el proceso constituyente posterior al referéndum, para no condicionar ese proceso.
«Hay aspectos que a nosotros nos habría gustado aprovechar esta ley para abordarlos y que realmente tiene sentido que las dejemos para el proceso constituyente», concluye.
Si gana el «sí» a la independencia en el referéndum de octubre, los soberanistas plantean el impulso de un proceso constituyente catalán donde, allí sí, deberán plantearse las paredes maestras del nuevo Estado y, además, la elaboración de una constitución catalana.
