Un centenar de abogados de Barcelona pide al Consejo de la Abogacía que abra delegación en Cataluña
En un texto remitido al Consejo critican la posición política del Colegio de Abogados de Barcelona, a favor de las tesis de la Generalitat
Desde el Colegio de Abogados restan importancia a la propuesta indicando que los críticos «no llegan ni al 1% de los abogados colegiados»
Los promotores de la iniciativa acusan al vicedecano de utilizar el Colegio de Abogados en favor de sus «intereses profesionales»
Un centenar de abogados de Barcelona ha pedido al Consejo General de la Abogacía de España que cree un «mecanismo extraordinario» para iniciar un trámite que «concluya con la segregación» del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). El motivo: el ICAB ha perdido la neutralidad política.
Los efectos de la reivindicación independentista también han llegado al ICAB, después de que un centenar de abogados acuse a la actual junta directiva, cuya decana es Maria Eugènia Gay, de utilizar de forma partidaria al colegio en favor de las tesis secesionistas y «los intereses profesionales» del vicedecano, Jordi Pina.
En el escrito presentado ante el Consejo General de la Abogacía, los colegiados del ICAB denuncian que desde el pasado 20 de septiembre el colegio se está posicionando políticamente, al margen de la neutralidad y la defensa de la aplicación de la Constitución (como recogen los artículos 7, 9 y 18 de los estatutos del ICAB).
En contra de actuaciones judiciales
En este sentido, tras la actuación de la policía judicial, bajo control del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que detuvo a varios altos cargos de la Generailtat y realizó registros en sedes autonómicas, el ICAB señaló que estos actos eran «indiscriminados y aleatorios».
Esta posición del ICAB ha sido criticada por los abogados que ahora acuden al Consejo General de la Abogacía para que tome cartas en el asunto. Además, el ICAB valoró como «situaciones de violencia» los hechos del 1 de octubre, sin mencionar el incumplimiento de la ley que estaba llevando a cabo la Generalitat ese mismo día.
En este contexto, la situación del ICAB -en opinión de este centenar de abogados- empeoró cuando Gay se ofreció como mediadora entre el Gobierno y la Generalitat «obviando el requisito fundamental de toda mediación, que las dos partes cumplan la misma legalidad».
Intereses profesionales
Pero los abogados que han presentado la queja añaden un motivo más, en forma de sospecha, a la actuación del ICAB. El vicedecano es el abogado de Jordi Sànchez, presidente de la ANC, actualmente en prisión preventiva, después de que la jueza instructora de la Audiencia Nacional decretase su ingreso el lunes pasado.
Además, entre otros casos, Pina (penalista del bufete Molins & Silva) también es el letrado de Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza de la Generalitat y condenada por desbediencia por la consulta del 9-N, caso particular que está recurrido ante el Tribunal Supremo y que podría llevarla a tener que dejar el escaño en el Parlamento de Cataluña.
El centenar de abogados críticos con el ICAB señalan que «ninguna incompatibilidad existe entre el ejercicio profesional y la condición de miembro de la Junta de Gobierno del ICAB», pero lamentan que Pina mencione «su condición de vicedecano al realizar manifestaciones en relación con la defensa de los intereses profesionales que legítimamente ejercita».
«Situación insostenible»
Por todo esto, y debido a que es obligatorio ser colegiado para ejercer como abogado, los firmantes del texto (una cincuentena originariamente) piden al Consejo General de la Abogacía que fuerce al ICAB a que se divida en dos colegios, manteniendo todos la antigüedad, o bien que se cree una delegación catalana del Consejo que no implique mantenerse obligatoriamente en el ICAB.
Ramon de Veciana, uno de los promotores de la iniciativa, ha señalado a ABC que es importante «externalizar» fuera de Cataluña la situación que viven los abogados en Barcelona, ya que no todos comparten las decisiones políticas de la dirección colegiada.
De Veciana, además, ha indicado que es «chocante» que el ICAB solo se pronuncie en esta dirección, a favor del proceso secesionista, y no en defensa del cumplimiento de la legalidad y el Estado de Derecho. «La situación es insostenible», añade.
Por su parte, fuentes del ICAB consultadas por este diario restan toda importancia a esta propuesta y señalan que los firmantes «no llegan ni al 1% de los abogados colegiados».
