TRIBUNAL SUPREMO
La abogacía catalana ve «inconveniente y desproporcionada» la prisión para los políticos independentistas
El Consejo de la Abogacía Catalana cree que «no se dan los supuestos» para su encarcelamiento
Dice que el conflico político debe resolverse «con respeto a la ley y sin unilateralidades»
«Inconveniente y desproporcinada» . Así ha calificado el Consejo de la Abogacía Catalana (CAC) -que agrupa a los 14 colegios de abogados de Cataluña- la prisión decretada contra los políticos independentistas .
En un comunicado hoy, la institución sostiene que en la causa abierta por el proceso independentista en el Tribunal Supremo (TS) «no se dan los supuestos» para aplicar el encarcelamiento preventivo.
El Consejo de la Abogacía Catalana dice que los imputados han cumplido con los requerimientos del juez Pablo Llarena durante la investigación. «Eso es especialmente claro en el caso de los cinco últimos encarcelados», Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa.
« Nada ha cambiado desde las anteriores decisiones que los dejaban en libertad , como tampoco se ha individualizado ningún argumento respecto a cada uno de ellos que permita privarlos de tan fundamental derecho", añade la institución.
La entidad recuerda que la prisión provisional «ha de ser una medida restrictiva y excepcional, y tratada con especial cuidado en la medida que no pueda ser considerada un abuso o avanzarse a un juicio todavía pendiente».
También alude al delito de rebelión, que el juez atribuye a buena parte de los investigados y la entidad insiste en que «sin violencia no hay rebelión» .
El CAC pone sobre la mesa que las recientes decisiones del Supremo han merecido « reproches desde instituciones garantes de la defensa de los Derechos Humanos y operadores jurídicos independientes», Para la entidad, esto implica que debe hacerse una «reflexión seria» sobre lo sucedido.
«Pedimos que la política deje de ser judicializada y que nadie haga uso o abuso del Derecho que divide a la sociedad y no ayude a la convivencia», defiende en el comunicado emitido hoy.
De conformidad con la reciente medida cautelar dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el CAC reclama que «los políticos elegidos por la sociedad puedan ejercer sus legítimos derechos civiles de representación política, por respeto a ellos y a los que les han votado».
«Respeto a la ley»
Ante este panorama, la entidad emplaza a los representantes políticos a llegar a acuerdos que permitan superar el conflicto con «respeto a la ley y sin unilateralidades» , y que tengan en consideración los intereses colectivos con independencia de los diferentes opciones políticas.
«Un pueblo que se esfuerza por convivir en paz, que practica los valores de la solidaridad y pone la libertad por delante de toda fórmula de convivencia, merece una respuesta de calidad que, en este caso, sólo la política -y no la justicia- le puede proporcionar », remata el comunicado.
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