JAIME GARCÍA

Los Mossos acusan a la Policía y la Guardia Civil ante el TSJC por actuar el 1-O sin informarles

Según un informe, los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos

BarcelonaActualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la Policía Nacional y la Guardia Civilactuaron el 1-O sin informarles de sus intervenciones, de forma distinta a la que se había acordado, por lo que los sistemas de coordinación no resultaron "eficaces".

Así lo pone de relieve la policía catalana en un informe que ha presentado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por la convocatoria del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, en el que detalla que los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos.

Según precisan los Mossos en un comunicado, en el informe entregado a la juez se remarca que en las reuniones de coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, dirigidas por el cargo del ministerio de Interior Diego Pérez de los Cobos, se acordó que la intervención de estos dos cuerpos sería siempre a requerimiento previo de la policía catalana.

Los Mossos sostienen que, hacia las 9:15 horas del pasado 1 de octubre, tras constatar que sus dotaciones no podían cerrar algunos colegios por la alta movilización ciudadana, pidieron el apoyo de Guardia Civil y Policía Nacional.

No obstante, según los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional llevaron actuaciones previas a este requerimiento en varios puntos de votación, "sin informar ni comunicar" estas intervenciones a la policía catalana y sin dar ningún tipo de explicación durante toda la jornada de por qué habían actuado "de manera distinta a la acordada en las reuniones de coordinación", por lo que los sistemas establecidos "no resultaron eficaces".

En el informe, los Mossos alegan, tras la quejas de la Policía Nacional y la Guardia Civil de que el 1-O actuaron con pasividad a la hora de cumplir la resolución judicial que les ordenaba impedir la votación, de que en los centros que no pudieron cerrar había una gran cantidad de personas que había concentradas.

"Proceder al cierre efectivo habría comportado un uso de la fuerza que podría haber generado un daño superior al que se pretendía evitar y, que con toda seguridad, habría resultado imposible de ejecutar siguiendo los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad", señala la nota.

En total, los Mossos d'Esquadra activaron a 7.850 agentes y contaron con el apoyo de 500 efectivos de las policías locales.

En su escrito, los Mossos insisten que en todas las reuniones de coordinación se compartió la información de que el 1-O habría una "alta movilización ciudadana de talante pacífico" y, en caso de actuación de la policía, de resistencia pasiva, por lo que nunca se habló ni de resistencia activa ni de grupos organizados que planearan acciones violentas contra la policía.

Ante la previsión del carácter "pacífico" de la jornada, según los Mossos compartida por los tres cuerpos de forma "unánime", se determinó que las unidades de orden público (antidisturbios) estuviesen a reacción, sin estar presentes inicialmente en los centros de votación y que la reacción recaería mayoritariamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre a requerimiento de los Mossos d'Esquadra.

Según el informe, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez De los Cobos, anunció que esta reacción correspondería a la Policía Nacional o a la Guardia Civil en función de sus antiguas demarcaciones, aquellas en las que operaban antes del despliegue de los Mossos d'Esquadra.

Sin embargo, tras constatar los Mossos que sus dotaciones uniformadas -se destinó una presencia mínima de dos agentes de la policía catalana en los 2.294 puntos de votación- no podían proceder al cierre de algunos locales, se solicitó hacia las 9.15 horas del 1 de octubre el apoyo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no obstante actuaron previamente a este requerimiento en varios puntos de votación.

En su informe entregado a la magistrada Mercedes Armas, que también ha solicitado a De los Cobos que le detalle qué función tenía encomendada cada cuerpo policial el 1-O y su grado de cumplimiento, los Mossos especifican que lograron impedir la votación en un total de 446 centros de votación: 297 porque no abrieron y fueron custodiados desde primera hora de la mañana y 149 porque se logró parar la votación o se decomisaron las urnas antes del cierre del local.

En total, los Mossos intervinieron más de 400 urnas en 141 puntos de votación, papeletas, documentos relacionados con el censo, material informático en algunos de los colegios y documentación diversa relacionada con la preparación de alguna de las mesas.

Los Mossos llevaron a cabo más de 6.700 actuaciones, de las que 2.240 correspondieron a actas de advertencia notificadas entre el 27 y el 28 de septiembre y más de 4.450 actas y minutas entre el 29 y el 30 de septiembre, para comprobar si los locales estaban abiertos o cerrados, si se estaban preparando el referéndum suspendido y advertir de la obligación de desalojar el local.

Paralelamente a la investigación abierta en el TSJC, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado de nuevo para el próximo lunes al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a la intendente Teresa Laplana, a quienes investiga por un delito de sedición.

Trapero y Laplana ya fueron citados el pasado 6 de octubre tras un informe de la Guardia Civil sobre el asedio el 20 de septiembre a la comitiva que registró la consellería de Economía y deberán comparecer de nuevo el próximo lunes después de que el instituto armado ha presentado un nuevo atestado que amplía la investigación al 1-O.