Cataluña unifica los convenios para intensificar la lucha contra la pobreza energética

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones catalanes y las entidades municipalistas han conseguido consensuar una propuesta de convenio para que las empresas suministradoras de gas y electricidad se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética, como exige la ley 24/015 del Parlament, y no hagan ningún corte a familias vulnerables.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han presentado esta mañana el acuerdo, que requerirá que las suministradoras de luz y gas no hagan ningún corte a familias vulnerables. El consejero catalán de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, avanzó durante el acto que confían en que las empresas implicadas se sumen al acuerdo en un plazo de dos meses.

Puigdemont ha destacado que el proyecto ofrece medidas concretas

y palpables que tendrán «un único beneficiario: los ciudadanos». Además, ha alabado la «alianza» de las administraciones catalanas «para continuar empujando a las empresas suministradoras a cumplir la ley» y «erradicar el riesgo de que colectivos vulnerables se vean privados de servicios básicos».

«Todas las administraciones catalanas dicen basta ya. Hay que cumplir con la ley, hay que acabar con la pobreza energética y se ha de establecer de una vez por todas la corresponsabilidad de las grandes compañías, que están haciendo miles de millones de beneficios», ha añadido Colau. La alcaldesa ha comentado que hasta ahora las administraciones intentaban por su cuenta la aplicación de la ley, lo que «daba juego –a las suministradoras– para marear la perdiz e ir poniendo excusas para no cumplir» y que, a partir de hoy, «ya no hay ninguna duda sobre la interpretación de la ley».

Asumir la mitad del gasto

Colau, que ha lamentado que la medida «llega tarde», ha reiterado que las empresas suministradoras, que son «un oligopolio que tiene unos beneficios multimillonarios y desproporcionados», tendrán que cubrir como mínimo el 50% del gasto que genera la pobreza energética. Lo podrán hacer a través de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada y aportaciones económicas directas.

Solo desde la Generalitat se han aplicado 75 sanciones, de entre más de 200 expedientes, por estos casos. Hasta la fecha, 21 distribuidoras de agua han firmado convenios en este ámbito, según detalló Baiget. El consejero catalán lamentó que durante el año pasado presentaron varias propuestas a suministradoras de luz y gas y ninguna de ellas ha manifestado la voluntad de firmar los convenios: «No esperaremos eternamente», sentenció.

Por su parte, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) lamentó que el acuerdo «llega tarde», es «poco ambicioso» y mostró sus dudas de «que permita proteger a las familias sin tener que negociar» cada caso particular. La APE defiende que las suministradoras de gas y electricidad deberían asumir la totalidad de las deudas acumuladas y los descuentos a aplicar en los futuros pagos mensuales, y no la administración pública.