Colau amenaza a las energéticas con dejar de pagar las facturas de las familias vulnerables

El Ayuntamiento de Barcelona ha avisado que en las próximas semanas dejará de pagar las facturas y deudas energéticas de los colectivos vulnerables si las compañías suministradoras no firman convenios para hacerse corresponsables del coste de la pobreza energética.

"O forman parte de la solución o la deuda de las familias estará encima del tejado de las compañías", ha asegurado tajantemente la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz. El gobierno de Colau confía en conseguir convenios de colaboración con las empresas de suministros y por ello prevé reuniones con las compañías, la segunda de las cuales se celebrará mañana.

Con esta presión, el consistorio incide en que las compañías cumplan con la Ley catalana contra la pobreza energética, la 24/2015, y en que así se pueda ayudar mejor a las familias vulnerables, una mejora que podría evitar casos extremos como el de hace diez días en Reus, cuando murió una anciana que llevaba dos meses viviendo sin luz en casa.

La teniente de alcalde ha subrayado que aunque el Ayuntamiento deje de conceder ayudas no aumentarán los cortes de luz o gas porque en Cataluña las empresas suministradoras tienen la obligación, por ley, de no cortar el suministro a personas vulnerables y si lo hacen son sancionadas.

Así, la idea municipal pasa porque las compañías deberían cargar, como mínimo, con el 50% del coste de la pobreza energética en Barcelona, unos 3 millones de euros anuales.

4,5 millones de euros en los próximos años

El Ayuntamiento, que el año pasado destinó 800.000 euros a pagar recibos por casos de este tipo, ha presentado los proyectos municipales para luchar contra la pobreza energética y ha anunciado, además de la amenaza a las compañías, que invertirá 4,5 millones en los próximos dos años.

En esta línea, Ortiz ha avanzado que, antes de que termine el año, el consistorio abrirá Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) para los diez distritos de la ciudad. El balance positivo de la prueba piloto que se llevó a cabo en Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu y Sants-Montjuïc durante cinco meses del otoño e inviernos pasados ha animado a extender la medida.

Los PAE se encargan de ayudar a las familias con dificultades informándoles sobre cómo hacer frente al gasto energético de su casa, la manera de minimizar el consumo, cómo gestionar las ayudas a las que tengan derecho y cómo pueden obtener subvenciones para mejorar la eficacia energética con el aislamiento del hogar. Además, el personal de los PAE ofrecerá a los usuarios información para dotarlos de herramientas para defender sus derechos frente a las compañías suministradoras y para que activen todos los recursos de protección que les otorga la ley.

Ortiz ha destacado que con estos puntos se agilizarán los trámites porque se desvincularán de los servicios sociales y ha considerado necesario ofrecer este servicio ante "la irresponsabilidad de compañías al desinformar" en vez de informar como hacen las de otros países.

El plan, con un presupuesto de 4.450.380 euros, se desarrollará los próximos dos años a través de entidades del tercer sector y se contratará a un centenar de personas para ser asesores energéticos, a través del programa de empleo para parados de larga duración, treinta de ellas con experiencia en la prueba piloto y el resto se formarán en los próximos seis meses.