El Plan de Empleo Juvenil se extiende hasta los 35 años

Con la mirada puesta en las trabajadores, los parados y las personas que «peor lo están pasando», la Junta de Castilla y León, Cecale, CC.OO. y UGT firmaron ayer de una tacada cinco acuerdos, un nuevo fruto del trabajo en el seno de un Diálogo Social que en sus casi quince años de historia ya ha alumbrado sesenta. Con «satisfacción», Gobierno regional, patronal y sindicatos rubricaron la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020; el Plan Anual de Políticas de Empleo para este ejercicio; el acuerdo para el funcionamiento del Serla; otro relacionado con la modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y uno más sobre fomento del alquiel y la rehabilitación.

Todos, con las personas que se encuentran «en peores condiciones sociales y laborales» como objetivo prioritario, coincidieron en apuntar los firmantes.

«El Diálogo Social sigue funcionando en Castilla y León», destacó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, impulsor en la Comunidad de esta mesa de encuentro que sigue manteniendo, aún en tiempos recios, su «voluntad» para continuar «contribuyendo a resolver los problemas», con el empleo y un trabajo «de mayor calidad», y la «protección» de las «personas y colectivos más vulnerables» que aún siguen sufriendo la crisis en el punto de mira.

En este sentido, la Estrategia Integrada de Empleo, el «plan de planes» a cinco años, ha de suponer la «base para la planificación» de las políticas activas de empleo de aquí a 2020 con el objetivo, señaló Herrera, de volver al final de la legislatura a superar el millón de ocupados. Y «prueba del algodón» del compromiso, la dotación presupuestaria «muy importante». Tanto que pasa de los 600 millones de euros comprometidos por el jefe del Ejecutivo regional en su discurso de investidura a los 700. Son cien más porque se han incrementado las medidas a aplicar y, por tanto, las necesidades económicas, con el objetivo de mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo, con especial atención a las personas que necesitan más apoyo y protección.

Los jóvenes menores de 35 años, especialmente los de baja o nula cualificación; los mayores de 45, de forma destacada cuando carezcan prestaciones y tengan cargas familiares; y los parados de larga o muy larga duración serán los colectivos prioritarios de actuación. Mujeres, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, empleados por cuenta propia, emigrantes retornados y trabajadores en situación de dificultad procedente de sectores estratégicos como puede ser la minería también serán consideratos colectivos especiales para una atención diferenciada.

Cuatro pilares

Esa estrategia se sustenta en cuatro pilares en forma de otros tantos planes: Formento del Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación. El primero, pensando tanto para trabajadores por cuenta propia como ajena, mira por la mejora de la cualificación y la inserción y con un impulso a la contratación indefinida a tiempo completo. Ya este año contará con una dotación de 140 millones de euros específicos a este fin -el conjunto de políticas de empleo supera los 290 millones-, con el compromiso de ir incrementando su cuantía al mismo nivel que crezca al gasto no financiero de las consejerías. Son más del doble de con los que nació en 2012 (60 millones).

Contará con un plan específico de empleo joven y otro local ya este año. El primero supone una «respuesta» a la «preocupación por la alta tasa de desempleo» de este colectivo, apuntó Herrera. Dotado con 36,3 millones de euros (un 21% más que en 2015),incluye 14,2 millones del Programa Operativo de Empleo Juvenil para jóvenes menores de 30 años y como «novedad» añade fondos autonómicos para extenerlo hasta los menores de 35.

Por su parte, el plan de Empleo Local, que suma 40 millones (un 33% más que los 30 del pasado año) busca «favorecer» un empleo de mayor calidad y apoyar de «manera más eficaz» a colectivos y sectores específico. De ahí que entre las novedades que presenta desaque que de manera general deberán hacerse contratos a tiempo completo y con una duración mínima de seis meses

Por su parte, el Plan de Formación Profesional tendrá como objetivo «ajustar» la oferta formativa a la demanda de las empreas y una mayor conexión práctica con la FP Dual. La siniestralidad cero es uno de los objetivos capitales del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, mientras que el de Igualdad y Conciliación prestará especial atención a serctores y mujeres con mayor dificultad en ete sentido, con «ayudas» a los padres y madres para la reducción de jornada como «fórmula preferente» a la excedencia.