Piden un año de moratoria para eliminar al vecino-secretario de las entidades locales

Rosa Álvarez

22/04/2018 a las 17:37h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

León acogió ayer una reunión de las federaciones que representan a más de dos tercios de las entidades locales menores de toda España, un encuentro en el que estuvieron representadas las de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Álava (País Vasco) y Cataluña y que sirvió para acercar posturas respecto al Real Decreto 168/2018 sobre juntas vecinales. En concreto, sobre su disposición adicional quinta, que elimina la figura del vecino-secretario y obliga a los secretarios de los ayuntamientos a encargarse también de las funciones de secretaría de las juntas vecinales que dependen de ellos . «Todos opinamos que este Real Decreto se ha dictado con un gran desconocimiento y falta de sensibilidad hacia la realidad y la diversidad de los distintos territorios y de sus entidades locales. Entendemos, además, que no ha habido diálogo suficiente porque la norma ha dado lugar a un caos y a la paralización no solo de las entidades locales menores, sino también, y esto es grave, de los propios ayuntamientos que tienen estas entidades locales menores», resumió el secretario de la Federación leonesa, Carlos González Antón.

Haciendo las veces de portavoz ante la prensa de todos los participantes en esta asamblea, González Antón incidió en la importancia de que la aplicación de la norma venga precedida de un «plazo transitorio inmediato», de una «moratoria» que fijó en «un año o año y medio como mínimo» , si se atiende a los tiempos de los procedimientos de provisión de plazas de secretario a nivel nacional. Según dijo, las federaciones no están en contra de que se ejerza cierto control sobre las entidades locales menores, pues piensan que «hay que profesionalizarlas, modernizarlas», pero desde una postura acorde a la realidad, porque lo que «no tiene sentido» es que «una norma de tal calado entre en vigor al día siguiente a su publicación, cuando se es consciente de la incapacidad que tienen los ayuntamientos para poder aplicarla», subrayó. Entre otras cosas, precisó, porque «ahora mismo, la dotación de plazas de secretario de ayuntamiento es altamente deficitaria».

González Antón se atrevió también a dar un número aproximado y avanzar en la cifra de profesionales que serían necesarios para hacerse cargo del volumen de trabajo que supondría la aplicación de esta norma. En León hay más de 1.200 juntas vecinales de las 3.000 que existen en toda España , y por ello entendió que la Diputación provincial, al igual que el Consejo Comarcal del Bierzo, deberían contar con un servicio que sumara «al menos 20 ó 25 funcionarios de habilitación (o funcionarios sin habilitación) que de forma inmediata se pusieran a disposición de las juntas vecinales». Además, dijo no entender cómo es posible que en el Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM) de la Diputación de León dispongan de un solo habilitado nacional cuando en otras diputaciones, como la de Valladolid, «con los mismos municipios, pero con sólo nueve entidades locales menores» hay ocho funcionarios habilitados.

Para el secretario de la federación leonesa, este Real Decreto no tiene por qué responder a una voluntad del Gobierno de suprimir estas entidades locales menores, que recordó que son, además, de las que «menos recursos consumen», y pidió que en este proceso no sean utilizadas como «un arma política». «Exigimos un consenso de todos los grupos para que busquen soluciones de la mano de los afectados, porque mal se pueden resolver los problemas echando los trastos un partido político a otro» , advirtió. Y respecto a si se unirán para reclamar esta moratoria a la aplicación de la norma entre todas las federaciones, destacó que la asturiana ya remitió una carta al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para exponer el problema y reclamar soluciones. El resto están valorando si asumirán ese texto o elaborarán uno similar para trasladárselo al ministro.

Desde la federación de Asturias, su secretario general, José Manuel García del Valle, hizo hincapié en que no son contrarios a que se les fiscalice, pero entendió que este Real Decreto se ha tomado «a la ligera» y que tendría que haberse consensuado. «El 46,7 por ciento de las entidades locales menores de España no rinde cuentas y son muchos miles de euros lo que eso significa y no pueden estar sin controlar» , reconoció, pero «no podemos pagar justos por pecadores». Desde la de Cataluña, Juanjo Cortés mostró también su «preocupación» y advirtió de que la norma podría incluso suponer la desaparición de muchas de estas entidades.

Ver comentarios (0)

Reportar un error