Pleno de las Cortes

La Junta defiende la legalidad de la ley de regeneración

Sale adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos mientras que el resto de la oposición ve posibles «irregularidades»

De Santiago-Juárez, durante su intervención en el pleno de las Cortes
De Santiago-Juárez, durante su intervención en el pleno de las Cortes - F. HERAS
I. JIMENO Segovia - Actualizado: Guardado en: Castilla y León

Con mucha tensión, como se preveía, el proyecto Ley del Estatuto del Alto Cargo ya es norma en Castilla y León, después de que ayer lo aprobasen las Cortes con el voto a favor de PP y Ciudadanos y en contra del resto de la oposición (PSOE, Podemos, IU y UPL). Más que en el contenido de la norma, buena parte de las más de tres horas de debate hasta que el texto recibió el visto bueno definitivo se centró en torno a su legalidad, que la Junta -que fue quien elaboró y remitió el texto inicial- y el PP, defendieron, mientras que quienes pulsaron el botón en contra la siguieron poniendo en cuestión.

Fue el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, de cuyo departamento emanó la redacción, quien subió a la tribuna para defender una ley que, según dijo, tiene un triple objetivo: «Mejorar la calidad política», «contribuir» al «acercamiento» de las decisiones a los ciudadanos y «modernización» de la función pública. Una norma de la que defendió su legalidad y adecuada tramitación en base a tres informes «firmados», reiteró en varias ocasiones, en contraposición a otro «informe -de los letrados de las Cortes y que exhibió- sin ningún tipo de firma» que fue el que planteó ciertas dudas de la adecuación al ordenamiento legal y retrasó el debate en el pleno, en principio previsto para hace dos semanas.

Muy crítico con el trabajo parlamentario -reprochó, entre otros puntos, la lentitud de la labor de sus señorías en las Cortes-, De Santiago-Juárez recordó que incluso, frente a otras ocasiones, ni siquiera la Abogacía del Estado «nos ha hecho ninguna advertencia de posible ilegalidad», tal y como planteaba ese otro texto que sembraba ciertas dudas y que, recriminó, «está sin acabar». Lo que se une a los informes de los Servicios Jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo, que «no formuló ninguna objeción sustantiva o duda de ilegalidad».

Sin embargo, los cuatro partidos que votaron en contra incidieron en defender la labor de los letrados de las Cortes y reiteraron su incertidumbre en base a ese cuestionado informe, que el procurador de IU, José Sarrión, entregó en mano al vicepresidente, con cruce de palabras incluido. De Santiago-Juárez argumentó que con esta ley que definió como «pionera» en el ámbito autonómico «planteamos si queremos avanzar» en cuestiones que «exigen» los ciudadanos, como «evitar» las puertas giratorias, poner límite a los mandatos, fijar un catálogo de incompatibilidades para ser altos cargos o contar para éstos con un código ético y de austeridad.

Qué dice la ley

Miembros de la Junta, viceconsejeros, secretarios y directores generales, delegados territoriales y asimilados, además de presidentes, consejeros delegados, directores generales y gerentes de empresas o fundaciones públicas con contrato de alta dirección son considerados altos cargos sometidos a esta ley y quienes deberán manifestar, en su toma de posesión, su adhesión al código ético y de austeridad vigente. «Lograr» el interés general conforme a los «valores de objetividad, transparencia, eficacia, ejemplaridad, austeridad y servicio a la ciudadanía», los principios que han de marcar su labor.

No podrán acceder a cualquiera de estos puestos los condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, quienes estén inmersos en juicio oral por lo mismo o los que no estén al corriente en sus obligaciones tributarias. Como máximo, una misma persona podrá estar ocho años el frente de la Junta, de las instituciones de autogobierno y de la misma consejería. Al acceder al puesto deberán presentar declaración de no incompatibilidad y bienes, y anualmente, cada septiembre, copia de las declaraciones correspondientes. Además, no podrán participar en asuntos y procedimientos en los que exista conflicto de intereses por razones familiares, amistad íntima, enemistad manifiesta o con quienes se haya mantenido una relación laboral o profesional. En relación a las denominadas puertas giratorias, una vez cesados o despedidos, no podrán prestar servicios en entidades privadas con las que no tuvieran antes experiencia y en las que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones. No atenerse a esto puede devenir en infracciones leves, graves o muy graves, cuyas sanciones incluyen restituir los beneficios que se hubieran percibido de manera indebida.

La obligación de los debates públicos entre los candidatos a la Presidencia de la Junta y la «incompatibilidad» de ser alcalde o concejal de municipios de más de 20.000 habitantes son otros de los aspectos que regula el texto aprobado ayer.

«Juntitos, pero solitos»

Precisamente sobre este último punto se centró parte del debate entre PSOE y PP. «Pido que sean coherentes y la apliquen ya. Nada impide que desde el punto de vista moral y político puedan irse. Jurídicamente no se puede, pero política y moralmente, sí», apuntó la socialista Virginia Barcones, quien criticó las «prisas y más prisas» para aprobar una ley que fija que «no se puede hacer» lo que «sus alcaldes» de León, Antonio Silván, y Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, están haciendo, o Herrera al «acumular mandatos». Barcones censuró que, en su opinión, la ley no se aplique hasta la próxima legislatura, aunque De Santiago-Juárez incidió en que el grueso de la norma entra ya en vigor y sólo algunos aspectos no por la «irretroactividad» de las normas, o lo que es lo mismo, «no cambiarlas a mitad de partido».

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