La Ley de Transparencia regulará los «lobbies» en Castilla-La Mancha

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha informado de la aprobación del proyecto de Ley de Transparencia, una vez recibido el informe del Consejo Consultivo y como paso previo al traslado a las Cortes para su debate. Entre las novedades de esta Ley se encuentra la regulación de los grupos de presión, conocidos como «lobbies», que deberán estar registrados en la región, además de abordar aspectos como gastos en publicidad, contratos de la Administración regional, relación de vehículos oficiales y régimen de sanciones que incluso recoge la posibilidad de inhabilitar a altos cargos.

Castilla-La Mancha se adelanta a la legislación en España, en donde, a diferencia de otros países donde este modelo está más desarrollado, como EE.UU., no existe una regulación específica para este tipo de grupos que influyen en la vida política pero no son visibles a efectos legales.

El Gobierno regional pretende con esta medida hacer más transparente la actividad de este colectivo, algo que ya se intentó en Cataluña, que fue la primera en llevar a cabo esta propuesta el año pasado, aunque con escaso éxito ya que el este registro no supera los diez miembros.

Los «lobbies» son, en sentindo amplio, desde las grandes empresas hasta una pequeña asociación de amas de casa. Así, los profesionales del «lobby» intentan ganarse el favor de los gobiernos, saben dónde llamar o con quién hablar y en qué momento del proceso legislativo han de intervenir para defender a sus clientes, aunque en su cara más oscura, estas prácticas pueden suponer donaciones clandestinas a los partidos políticos y todo tipo de favores. Según una información de ABC, no existen cifras exactas, pero se calcula que en Europa los «lobbies» mueven más de 1.000 millones de euros anuales, especialmente en la capital de Europa. El Registro de transparencia de Lobbies, creado por la Unión Europea en 2008, se inauguró con la inscripción de la empresa española Teléfonica. Hoy ya hay más de 200 entidades domiciliadas en España inscritas en él. Entre las entidades podemos encontrar empresas como Repsol, Endesa o Mercadona; Universidades, cómo la de Vigo o la de Granada; Colegios Profesionales como el Colegio de Abogados de Madrid o entes políticos como la Chunta Aragonesa.

En cuando a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero portavoz ha explicado, que va a incorporar publicidad activa de altos cargos y gastos, de cualquier tipo de gasto en campaña de publicidad y contratos que realice la administración, así como una relación de todos los vehículos oficiales de ésta. «Define y redefine» asimismo, la condición de alto cargo no solamente para consejeros o directores generales sino «también para cualquier persona que ejerza labores de dirección».