Ciudadanos y PP piden la dimisión del consejero de Educación por su «inacción» ante el «adoctrinamiento»
Un instituto de Mallorca niega que, como han denunciado los dos partidos, haya obligado a alumnos del centro a secundar un acto a favor del 1-O y en contra de la actuación policial. La Fiscalía de Menores de Baleares ha abierto una investigación por posibles actos reivindicativos en varios institutos de Mallorca
La diputada de Ciudadanos en el Parlamento balear Olga Ballester ha pedido este lunes la dimisión del consejero de Educación, el socialista Martí March , por su «inacción» ante «los abusos de adoctrinamiento ideológico en las aulas» de la Comunidad. En el mismo sentido se han pronunciado NN GG del PP balear. Ballester ha hecho referencia al «último caso» de « adoctrinamiento ideológico » que habría tenido lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pau Casesnoves , en concreto, un acto en favor del referéndum ilegal del 1 de octubre. Desde la dirección del citado centro escolar se ha señalado, en cambio, que es «absolutamente falso» que se haya producido ese supuesto caso de adoctrinamiento. Por su parte, la Consejería de Educación ha indicado que «no se tiene constancia» de ningún acto irregular en ese sentido.
Según publica este lunes «El Mundo», alumnos del citado instituto habrían sido obligados el pasado 2 de octubre a secundar un acto a favor del referéndum ilegal del 1-O y en contra de la acción policial en Cataluña. La protesta habría sido promovida en el patio del centro, en horario lectivo, por una profesora adjunta al jefe de estudios. En ese contexto, Ballester ha criticado «la absoluta indiferencia del consejero de Educación ante estos hechos» y ha añadido que «no es la primera vez que se adoctrina a los estudiantes a favor de los Países Catalanes en este instituto y en otros centros escolares».
Cabe recordar que el pasado mes de junio el IES Pau Casesnoves, ubicado en el municipio mallorquín de Inca , llevó a cabo una encuesta entre sus alumnos para conocer su grado de uso y estima del catalán, con la peculiaridad de que en varios apartados de dicha encuesta se hacía una distinción entre «Països Catalans» o «Països de parla catalana» y «Estat espanyol» o «Espanya» . En otra pregunta sí se reconocía, en cambio, la unidad del estado, cuando se señalaba que si no se había nacido en Baleares se indicase la comunidad del «resto de España» de la que se era originario. La encuesta tenía un carácter anónimo —no se pedía ningún dato personal— y se podía contestar a través de un formulario interno. En aquel momento, el director del instituto era Francesc Soler , que dimitió del cargo el pasado 25 de julio por razones personales.
«Una falsedad»
Por su parte, la actual directora del IES Pau Casesnoves, Catalina Verd , ha señalado este lunes en declaraciones a ABC que lo que se ha publicado hoy sobre el citado centro «es una falsedad detrás de otra». En ese contexto, Verd ha recalcado que «es todo falso» y ha anunciado que elaborará un informe sobre este asunto, que remitirá a Inspección Educativa del Gobierno balear. Asimismo, ha apelado a la «responsabilidad» de todos, incluidos los medios de comunicación, para favorecer un clima de convivencia en la actual situación de tensión política.
En la cuenta oficial de Twitter del citado centro escolar, su equipo directivo ha publicado, posteriormente, un comunicado en el que se señala que el pasado 2 de octubre los alumnos de 4º de ESO «se organizaron para hacer una sentada durante el tiempo del recreo en favor de la paz y la democracia ». La nota añade que «en ningún momento fueron obligados por ningún miembro del equipo directivo ni por ningún trabajador del centro a llevar a cabo esta iniciativa, y en ningún momento se lanzó ni se puso de manifiesto ningún tipo de consigna».
El comunicado recalca que «como profesionales de la educación, basamos la formación de nuestros alumnos en los valores y principios fundamentales de los estados democráticos». Dichos valores son «el respeto a la democracia y la defensa de los derechos humanos». La nota concluye indicando que «como docentes, nuestra labor es educar y formar ciudadanos independientes y con criterio propio , y eso no incluye el adoctrinamiento en ningún tipo de ideología política».
Desde Ciudadanos, como se ha señalado ya, se rechaza en cualquier caso «el inmoral uso de menores para fines políticos y adoctrinadores por parte de docentes de ideología nacionalista, en horario lectivo y mediante abuso de autoridad». La diputada Olga Ballester ha denunciado que «en paralelo con el adoctrinamiento salvaje que se ha dado durante décadas en Cataluña y cuyo resultado es la crisis política actual, el nacionalismo balear no se quiere quedar atrás y está usando la estrategia del miedo sobre los menores y sus familias campando a sus anchas, adoctrinando y educando en el odio».
Por último, Ballester ha calificado como «intolerable» que March «muestre su apoyo a los centros, a sus directores y a los profesores de ideología nacionalista cuando estos hechos de acoso y humillación de menores salen a la luz y se denuncian».
Por su parte, el presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, Jorge Campos , ha incidido este lunes en esa misma línea crítica, si bien no se ha centrado sólo en el IES Casesnoves. Así, ha denunciado que la Consejería de Educación permite que la asociación «radical» Assemblea de Docents (Asamblea de Docentes) organice junto con el «ultra» Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes) actos bajo el lema «Hacemos historia. Somos Països Catalans» en diversos institutos de Mallorca. Dichos centros se habrían sumado a las críticas contra la «represión del Estado español» y la «violación flagrante de los derechos humanos».
Campos ha pedido al PP y a Ciudadanos que «pasen de las declaraciones a los hechos e inicien procedimientos judiciales contra esta locura antidemocrática propia de países totalitarios». En ese sentido, ha lamentado que «ya está bien que tengamos que ser los particulares o entidades privadas los únicos que interpongamos reclamaciones y demandas por estos hechos». Para el presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, «el ciudadano no nacionalista en Baleares está abandonado por las instituciones públicas».
En relación a la citada controversia vinculada a algunos institutos isleños, NN GG del PP balear han emitido un comunicado en el que, como se ha señalado, han pedido la dimisión del consejero de Educación. Además, condenan «de forma enérgica» los hechos denunciados, que «atentan contra la libertad de pensamiento de las personas». Para la presidenta de NN GG en las Islas, Margalida Vicens, «los colegios e institutos públicos de Baleares no se tienen que convertir en centros de adoctrinamiento ni centros donde se transmitan ideologías políticas».
La formación popular considera igualmente «intolerable» que se organicen en horario lectivo actos «en defensa de un referéndum declarado ilegal por los tribunales», así como «cualquier otra manifestación de tipo político, sea cual sea». Para Vicens, «actuaciones como éstas no sólo no fomentan el pensamiento crítico propio de la educación, sino que pretenden adoctrinar a los alumnos, obligándoles a posicionarse a favor de este acto ilegal».
Por su parte, la Consejería de Educación ha emitido este mediodía un comunicado en el que señala que «en base a las actuaciones realizadas hasta el momento , no se tiene constancia de ninguna situación que atente contra los derechos de los menores». Según dicha nota, la Consejería se ha puesto a disposición de la Fiscalía «para cualquier información que pueda necesitar en relación a cualquier hecho que implique a los centros educativos de las Islas».
Investigación
Precisamente, desde la Sección de Menores de la Fiscalía de Baleares se ha iniciado una investigación relacionada «con las informaciones divulgadas a través de diferentes medios de comunicación de la posible realización en algunos centros educativos de Baleares de actos relacionados con el hecho de implicar o hacer participar a menores en actos reivindicativos ajenos al ámbito educativo o relacionados con su participación en manifestaciones o concentraciones en horas lectivas».
Según ha dado a conocer el Ministerio Público a través de un comunicado, dicha investigación se ha iniciado «con el fin de concretar y evaluar, si, al margen de posibles responsabilidades disciplinarias o administrativas a dilucidar en el ámbito educativo en su caso, tales actuaciones han podido incidir en los derechos de todo tipo en el ámbito de la protección de los menores, así como la existencia de posibles situaciones de riesgo para los mismos y, en definitiva, para la investigación y constatación de las responsabilidades de todo tipo que se hubieran podido derivar».
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