El PP carga contra el «sectarismo» educativo del PSOE aragonés

El PP ha criticado el «sectarismo» que, a su juicio, viene dominando la gestión de la Consejería de Educación desde que el PSOE tomó las riendas del Gobierno aragonés, en julio del año pasado. Una situación que, según ha puesto en evidencia la diputada popular María José Ferrando, ha provocado una cascada de denuncias judiciales, quejas y pronunciamientos legales que cuestionan abiertamente las medidas adoptadas por la Consejería que dirige la socialista Mayte Pérez.

Como ejemplo, Ferrando ha indicado que las quejas presentadas ante el Justicia de Aragón relacionadas con la enseñanza prácticamente se han cuadruplicado en un año -han pasado de 235 en 2015 a un millar en lo que va del presente año-.

También se ha referido a los pronunciamientos jurídicos que han venido a tumbar algunas de las normas de calado impulsadas por la Consejería de Educación.

Por ejemplo, el Consejo Consultivo de Aragón declaró nulas las órdenes que modificaban los currículos establecidos por la Lomce; el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que presentaron el PSOE y otros partidos contra la Ley de Lenguas aprobada por el anterior Gobierno; el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendió la orden que eliminaba horas de religión en 2º de Bachillerato, desautorizó que la DGA denegara al colegio Ánfora de Cuarte de Huerva su apertura y le obligó a mantener las plazas concertadas.

Además, la justicia ha admitido sendas denuncias por prevaricación contra dos altos cargos de la Consejería de Educación, según ha destacado la diputada popular María José Ferrando.

Esta parlamentaria se ha preguntad si las familias merecen que la ordenación de la enseñanza se base en un «nulo respeto a la legalidad vigente», y que los alumnos se conviertan en «víctimas» de esta forma de proceder por parte de la Consejería de Educación.

Respecto a la decisión del Gobierno aragonés PSOE-CHA de recurrir judicialmente la reválida que impone la Lomce, Ferrando ha indicado que el Ejecutivo de Lambán es libre de ejercitar esas acciones legales, pero ha recordado que dicha prueba está contemplada en una ley orgánica en vigor y que, por tanto, las autoridades educativas aragonesas están obligadas a cumplirla.

El PP ha criticado igualmente que el director general de Educación del Gobierno aragonés, Ricardo Almalé, acumule cinco solicitudes de comparecencia ante las Cortes regionales desde hace meses, ninguna de ellas atendida hasta la fecha. A juicio de los populares, Almalé no da la cara ante el Parlamento aragonés porque el PSOE se encarga de evitar que lo haga, tanto desde la Consejería de Educación como desde la Mesa de las Cortes.