El Tribunal Supremo deja en prisión a Sànchez y Forn por riesgo de reiteración
La Sala Penal explica que no consta la enfermedad de Forn, invocada por la Fiscalía por orden del fiscal general
El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión a Jordi Sànchez y Joaquim Forn , al apreciar riesgo de que reiteren en los delitos, empujando hacia la independencia de Cataluña por las vías ilegales. La Sala de lo Penal ha confirmado así la decisión del juez Pablo Llarena y ha rechazado los recursos de ambos investigados , que tuvieron un rol decisivo en el proceso ilegal.
Los magistrados desoyen la petición de la Fiscalía, que pidió dejar en libertad a Forn por «razones humanitarias» , al haber sido detectado que tiene el bacilo de la «tuberculina» , algo que no es una enfermedad. Los fiscales del caso realizaron esta petición por imperativo de su jefe, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar , y así lo hicieron constar en la vista de apelación.
La Fiscalía mencionó una enfermedad que no consta a esta Sala , señala el auto de los magistrados del Supremo, y que la defensa del exconsejero catalán Forn no ha acreditado.
La Sala de Apelaciones -los tres jueces encargados de revisar las decisiones de Llarena, pertenecientes todos a la Sala Penal- explica que no existen «indicios claros» que Forn y Sànchez hayan abandonado la vía del enfrentamiento contra el Estado para lograr la secesión.
Aseguran los jueces que ambos podrían recuperar ese rol decisivo si quedasen libres y preponderan la protección de los bienes constitucionales que podrían dañar a su libertad.
El Supremo marca el tono de la investigación, antes del auto de procesamiento que dictará mañana Llarena , y apuntala la causa por rebelión, al dejar claro que el proceso independentista ilegal empleó o asumió el uso de violencia para lograr sus fines.
«Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España una parte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la CE».
