Una semana garantizada por el Estado de Derecho
Tribunales y Fiscalía están preparados para actuar ante una eventual declaración de independencia antes del viernes
Las medidas del artículo 155 de la Carta Magna, dirigidas a restaurar el orden constitucional en Cataluña tras el golpe secesionista, no se aprobarán en el Pleno del Senado hasta el próximo viernes. Si hasta entonces se produce una eventual declaración de independencia por parte de los separatistas, el Estado de Derecho seguirá teniendo instrumentos suficientes para frenar el golpe y desactivarlo.
Fuentes del Gobierno explicaron que se sustituirá el Ejecutivo autonómico «con las máximas garantías parlamentarias», que se darán en el trámite del Senado. Y esas garantías no dejarán indefenso al Estado, sino que si en estos días se produce una ilegalidad, quedará «anulada como todo lo anterior» y la justicia castigará a los infractores.
Juzgados y Tribunales, Fiscalía, Abogacía del Estado, Tribunal Constitucional y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bloquearán esta semana cualquier nuevo intento de ruptura del orden constitucional. El Ministerio Público ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Puigdemont ante una posible rebelión, y el TC podría llegar a suspender el Pleno del Parlamento de Cataluña si en el orden del día figura el debate y votación de la declaración de independencia. Generalitat y «Parlament» están atados de pies y manos. Estos son los instrumentos preparados para actuar.
Tribunal Constitucional: la impugnación
Si el Parlamento de Cataluña votara la declaración de independencia en un Pleno antes del viernes que viene, la Abogacía del Estado llevará esa resolución al TC para solicitar su impugnación . Llegado el caso, y antes de que se ejecute la aplicación del artículo 155, si fuera necesario el TC también podría suspender a Puigdemont o a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, de sus funciones, hasta que se avengan a cumplir sus resoluciones. El TC también podría actuar si en el orden del día del Pleno que los independentistas tienen pensado convocar figura el debate y aprobación de la declaración de independencia. La última vez –este mismo mes– lo suspendió a instancias del Grupo Socialista al entender que vulneraba los derechos de los diputados constitucionalistas.
Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
La Fiscalía está ultimando una querella por rebelión contra Puigdemont que sólo presentaría si el presidente de la Generalitat lleva la declaración de independencia al Parlamento catalán. Todavía no está confirmado de forma oficial en qué juzgado o tribunal se presentaría (TSJC o Tribunal Supremo), pero lo que sí está claro es que en ella se pedirá el inmediato ingreso en prisión del querellado por la gravedad del delito. Así, se podría dar el caso de que cuando se aplique de forma efectiva el artículo 155, Puigdemont estuviera ya entre rejas. En paralelo a la Fiscalía, cualquier parte personada en la causa que ya se instruye en el TSJC contra Puigdemont por desobediencia, malversación y prevaricación podría solicitar a la juez Mercedes Armas la detención del presidente de la Generalitat y de sus consejeros , y a la juez María Eugenia Alegret la de Forcadell.
Policía Nacional y Guardia Civil
En paralelo al frente judicial, el Ministerio del Interior está preparado para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervengan en Cataluña si la violencia en las calles lo aconseja y si los Mossos d´Esquadra no cumplen las órdenes de la autoridad judicial. También están preparados para detener al presidente de la Generalitat, a los miembros de su gobierno o a la presidenta del Parlamento catalán si así lo ordena la autoridad judicial y no acudieran por su propio pie ante la justicia.
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