La Fiscalía prepara una querella por la compra de urnas por la Generalitat de Cataluña

La Fiscalía vuelve a reaccionar ante los desafíos del secesionismo catalán y prepara una querella por el anuncio de la Generalitat de licitar para la adquisición de urnas para la celebración de un referéndum independentista, un anunció incluido en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, según han informado fuentes fiscales. El Gobierno dirigido por Carles Puigdemont pretende destinar para ello 200.000 euros

Este anuncio, publicado este martes, afirmaba que la licitación se realiza «para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana», lo que incluiría el referéndum que los secesionistas pretenden celebrar pasado el verano, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, que les ha pedido que frenen cualquier acto destinado a dicho desenlace.

El anunció lo firma Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, y en él se licitan dos lotes, el primero de «urnas electorales transparentes» y el segundo de «urnas de cartón» por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros.

El TC suspendió el 4 de abril las partidas del presupuesto catalán que preveían la celebración de un referéndum independentista ilegal. El tribunal garante de la Constitución admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, un paso que supone la suspensión inmediata de los preceptos recurridos, y aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. La Generalitat ha insistido en su plan de convocar un referéndum antes de septiembre de 2017, en el que preguntará a los ciudadanos catalanes por la independencia de Cataluña.

Las partidas suspendidas, incluidas en los presupuestos de la Generalitat para 2017 (Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo), preveían cubrir cuestiones relacionadas con el referéndum ilegal, los «procesos electorales y consultas populares» y los «procesos de participación ciudadana». El Gobierno de Mariano Rajoy considera que estos preceptos vulneran la Constitución y el conjunto de normas que forman el bloque de constitucionalidad. Según el recurso, los presupuestos violan la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas marcada en la Constitución, puesto que una autonomía no tiene potestad para convocar un referéndum, como ha dejado claro en varias ocasiones el TC.